A los ayuntamientos les ocurre lo que a las familias: cada vez guardan más dinero en el banco y eso que la rentabilidad es prácticamente cero. Los hogares de Castellón tienen en cuentas corrientes y depósitos la friolera de 13.259 millones de euros y los ayuntamientos también atesoran una montaña de liquidez que no deja de crecer. Hace cinco años, los consistorios de la provincia acumulaban 195,5 millones en cuentas bancarias, una cifra que se ha disparado hasta superar este año los 298,8 millones. Se trata de una cifra muy alta de dinero inmovilizado que la mayoría a de los ayuntamientos desearía utilizar para mejorar, por ejemplo, el mantenimiento de sus instalaciones deportivas o impulsar sus servicios básicos. Pero no puede hacerlo. Y encima ahora los bancos amenazan con empezar a cobrarles por esos depósitos.

Los casi 300 millones de euros que los ayuntamientos de Castellón guardan en depósitos ya superan, además, el dinero que soportan de endeudamiento. Los últimos datos del Banco de España, a junio de este mismo año, revelan que las corporaciones municipales adeudan solo 109,4 millones de euros en créditos. O lo que es lo mismo: los ayuntamientos ya tienen en los bancos casi el triple de dinero del que deben. ¿Los motivos? Que la recaudación de tributos como el IBI o el impuesto de circulación nunca han dejado de crecer y también que los ayuntamientos llevan años con el cinturón apretado.

Esa contención del gasto ha provocado que en Castellón más de la mitad de los consistorios (68 de 135) ya no tenga deudas con los bancos. Y gran parte de este superávit derivado de la aplicación de la regla de gasto se está destinando a engrosar más y más los depósitos bancarios.

El problema es que todo el dinero que los ayuntamientos acumulan en cuentas corrientes y depósitos a plazos no rinden nada. Es más, a las entidades financieras empiezan a no salirles las cuentas y han empezado a cobrar por guardar el dinero de grandes depositantes, una medida que se plantean extender a los clientes corporativos e institucionales.

el OBJETIVO, MÁS FLEXIBILIDAD // Las cuentas de los ayuntamientos están cada vez más saneadas, el dinero en el banco no rinde nada y para los alcaldes y responsables de Hacienda de los consistorios una de las soluciones pasa por flexibilizar el gasto. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera les obliga al déficit cero y, al mismo tiempo, si logran superávit, no pueden destinar esa suma a mejorar el servicio a los ciudadanos. Y pese a que a finales del pasado mes de julio la ministra de Hacienda en funciones, María José Montero, se comprometió a flexibilizar la regla del gasto, la realidad a estas alturas del año es que nada ha cambiado. «Estamos atados de pies y manos», protestó hace tan solo unos meses Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una entidad de la que la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, es vocal de la Junta de Gobierno. Con estas «ataduras», Caballero se refería así a la normativa estatal que obliga a los municipios a guardar como remanente el dinero no gastado en un ejercicio, en lugar de poder invertirlo al año siguiente.

Tanto los alcaldes como los concejales de Hacienda de los principales ayuntamientos de la provincia defienden la necesidad de flexibilizar la regla del gasto, sobre todo en un momento en el que la mayoría ha logrado rebajar al mínimo su deuda. «Podríamos invertir más, pero la ley nos lo impide», explica Cristina Ríos, edil de Hacienda de Burriana, un municipio cuya deuda ha pasado de los 19,6 millones del 2013 a los poco más de 5 del 2018.