Los avances en infraestructuras clave como el corredor mediterráneo o la estación intermodal de Castellón deben ser claves para que las empresas de la provincia reduzcan una dependencia de la carretera para sus envíos que a día de hoy es inevitable. Menos del 5% de la mercancía viaja en ferrocarril, un porcentaje que en otros países europeos como Alemania se dispara hasta cifras cercanas al 20%. Con estas cifras y con una desaceleración que obliga a mirar con lupa todos los costes, no es extraño que a un sector como el azulejero le preocupe la cantidad de peso que llevan los camiones en su desplazamiento y que haya empresarios que apuesten por incrementar la capacidad de carga hasta las 44 toneladas.

Este es un viejo debate en el que transportistas y cargadores son incapaces de ponerse de acuerdo. Mientras los primeros se niegan a aumentar el peso más allá de las 40 toneladas actuales, al considerar que supondría una pérdida de empleo y seguridad, los segundos son fervientemente partidarios de ello y argumentan que 11 de los 15 países de la Unión Europea original ya han aprobado una ampliación que repercute en una reducción de gastos para quienes envían las mercancías.

En este contexto, y pese a que la patronal Ascer opta por la prudencia y prefiere no abrir por ahora más frentes políticos al estar muy concentrados en la rebaja de los peajes del gas, varios empresarios se han alineado con las tesis de los cargadores y exigen equiparar el cabotaje nacional al de esos 11 países europeos. Uno de ellos es el presidente de Pamesa, Fernando Roig, que recientemente apostó por esta medida para evitar que la industria cerámica pierda competitividad, aunque también indicó que el aumento a 44 toneladas tendría efectos positivos para el medio ambiente en un contexto de cambio climático al poder reducir los viajes.

DETERIORO DE LAS VÍAS // En cambio, el secretario general de la Asociación Empresarial de Transportes de Mercancía de Castellón, Ignacio Riu, señala que no se pueden argumentar ventajas ambientales y de eficiencia «sin haberse estudiado adecuadamente la incidencia, impacto y repercusión que esta medida tendría sobre aspectos tan importantes como la seguridad vial, el deterioro de las infraestructuras viarias y el daño social y económico que tendría en puestos de trabajo para empresas de la provincia».