Los representantes de las tres patronales del clúster cerámico (Ascer, Anffecc y Asebec) se trasladaron ayer a Madrid para reunirse con el secretario General de Industria, Raül Blanco, y otros altos cargos del Ministerio que dirige Reyes Maroto. El encuentro sirvió para que el sector pusiera sobre la mesa sus demandas energéticas y para proponer al ejecutivo central la creación de un Estatuto de Consumidores Intensivos de Gas, un organismo que debería servir para estabilizar unos costes que cuando se disparan se encuentran a niveles similares a los laborales, según las empresas.
El secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Pedro Riaza, explicó tras la reunión que esa normativa pretende «dar un tratamiento específico» a la industria intensiva en el uso de gas, entre las que se encuentra el azulejo, así como introducir medidas que compensen los «bandazos» que en la actualidad dan los precios, muy dependientes de los vaivenes del petróleo y afectados por varios peajes y cánones que representan prácticamente la mitad de la factura energética.
BAJAR LOS PEAJES
«Estos peajes penalizan al sector por unos costes de distribución que no se corresponden con la realidad», explicó Riaza, motivo por el cual las firmas insisten en bajarlos hasta «niveles razonables».
No obstante, y pese a que la propuesta fue «bien recibida» por los representantes ministeriales, una adaptación de la legislación comunitaria impedirá al Gobierno reducir esos cánones a la industria hasta el 2020. El motivo es que a partir de ahora será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que fijará los peajes atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Transición Ecológica. Pese a ello, Ascer pidió a Industria que «presione» a este organismo para que los precios no sean «un factor limitante del desarrollo fabril ni de destrucción de empleo».
El encuentro, en el que no participó la ministra al estar de viaje oficial a Marruecos, también abordó el futuro de la cogeneración, cuyas plantas son clave para la competitividad energética del azulejo. El ejecutivo se comprometió a trabajar en un «marco estable» que dé continuidad al real decreto de finales del 2018 que alargaba dos años la vida útil de las instalaciones.
PRÓXIMA REUNIÓN
En la cita también participaron las secretarias autonómicas Blanca Marín y Empar Martínez. Los representantes del sector agradecieron al Consell su implicación, que calificaron de «impecable». Tanto para Riaza como para el presidente de la patronal de fritas y esmaltes, Joaquín Font de Mora, «lo más positivo es que se ha establecido una agenda de trabajo». El siguiente encuentro será el 11 de marzo.
El comercio de emisiones y el futuro del óxido de titanio, también sobre la mesa ministerial
El sector azulejero castellonense planteó a los representantes ministeriales otras cuestiones que preocupan en las empresas y que serán tratadas en las próximas reuniones. Entre ellas destaca el comercio de emisiones, cuya normativa para los años que van del 2020 a 2025 está pendiente de aprobarse pero cuyo coste se elevó hasta unos 11 millones de euros el 2018 y podría incrementarse aún más en ese periodo. Por ello, las asociaciones empresariales pidieron al Gobierno que defienda sus intereses en Europa.
El presidente de Anffecc, Joaquín Font de Mora, urgió al Gobierno a posicionarse en las instituciones comunitarias en contra de la catalogación del óxido de titanio como una materia prima peligrosa. «Alemania así lo ha defendido en Bruselas y queremos que el Gobierno haga lo mismo», indicó. Ante la variedad de las temáticas a tratar, el sector invitó a los técnicos de Industria a visitar Castellón para conocer la realidad del sector. Aunque hay voluntad de hacer la visita, la misma dependerá del incierto futuro del Gobierno.
