La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica vuelve a estar en el disparadero de los sectores económicos de Castellón. Durante la anterior legislatura fueron constantes las quejas del sector ganadero, que en un contexto de falta de relevo generacional y de falta de viabilidad de muchas explotaciones pequeñas y medianas ponía el grito en el cielo ante la tardanza del departamento autonómico en conceder las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) necesarias para realizar ampliaciones en granjas. Por su parte, el sector azulejero y sus industrias afines se quejan también de la tardanza de la administración en renovar las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) y de la inexistencia de un protocolo claro que establezca las directrices que deben cumplir las empresas.

Aunque las asociaciones empresariales de la cerámica o las fritas y los esmaltes reconocen que el problema no es nuevo, sí es cierto que estas evidenciaron su malestar en el marco de la primera Mesa de la Cerámica de este mandato, que se celebró el pasado lunes en Castelló. En ese foro, el presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu, pidió a la administración «pasar a la acción» e hizo una mención a la necesidad de que esa actuación sea lo más ágil posible. «La velocidad es importante», aseguró.

DESDE ENERO // La respuesta de la Conselleria que ahora dirige Mireia Mollà a una pregunta de Mediterráneo sobre esta cuestión evidencia hasta qué punto, en ocasiones, la burocracia retrasa los procesos en las instituciones públicas. Así, el departamento autonómico reconoce que el «refuerzo de personal» que pidieron el 24 de enero de este año --hace ya ocho meses-- para «aprobar con mayor celeridad los expedientes de evaluación ambiental» todavía no han llegado, aunque solo falta «la firma del director general de Presupuestos de la Generalitat».

Es decir, que antes de final de año se sumarán ocho personas al equipo de funcionarios que otorgan las AAI, un documento que según el Ministerio de Transición Ecológica recoge información «de todos los aspectos ambientales, y aquellos otros relacionados que consideren las autoridades ambientales competentes» y que las firmas deben renovar cada cuatro años.

Estas mismas fuentes atribuyeron a las «diferentes campañas electorales» que se produjeron durante la pasada primavera y a la «constitución de nuevos gobiernos» la demora en la creación de estos puestos de trabajo claves para acelerar los trámites ambientales de las empresas.