El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que avala el pago de indemnizaciones y salarios a los trabajadores de empresas insolventes o en concurso de acreedores, destinó 12,51 millones de euros al abono de prestaciones el pasado año en la provincia, beneficiando a 2.023 empleados. La cuantía fue ligeramente superior a la de un año antes, 11,86 millones, aunque entonces hubo más trabajadores perceptores, 2.065. Por tanto, esta entidad gastó más dinero pese a bajar las personas indemnizadas. De todos modos, esta cifra ha ido descendiendo de forma progresiva en la última década, de acuerdo a la mejora de la situación económica.
En cuanto a las empresas, fueron 324 las que cerraron sin liquidar a sus empleados, frente a las 379 del 2018. A pesar de que los datos son positivos, teniendo en cuenta las estadísticas de la última década, todavía había al cierre del pasado ejercicio 1.573 castellonenses a la espera de que su expediente se resolviera. Una cifra superior a la del 2016 y 2017.
En este sentido, el responsable de organización de CCOO, Albert Fernández, explicó que a día de hoy esos expedientes ya se han resuelto, dado que la tramitación de esta entidad en Castellón se ha acelerado tras reducirse la carga de trabajo. En concreto, en unos 10 días se completa la resolución para que un empleado cobre, aunque este pago puede tardar unos tres meses de media y cerca de un año si hay que esperar a que se celebre juicio.
Más de 50 millones
Con los datos encima de la mesa, se refleja que los buenos datos económicos han traído aparejados una menor actividad del Fogasa, que llegó a abonar, en el 2012, 50,8 millones de euros para pagar a 8.349 empleados las prestaciones que se quedaron sin percibir al cerrar sus respectivas empresas. En concreto, en aquel ejercicio fueron un total de 2.393.
Si se observan las estadísticas de enero a julio de este año, este organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ya ha hecho frente a 7,7 millones de euros en indemnizaciones y salarios para 920 personas, mientras que hay 795 expedientes a la espera de resolución.
Cabe recordar que esta entidad solo hace frente a pagos referidos a sociedades en concurso de acreedores o a aquellas que han cerrado sin abonar los salarios al declararse insolventes. El Fogasa se financia, entre otras vías, con las cotizaciones por esta contingencia de las empresas tanto públicas como privadas que ocupan a trabajadores por cuenta ajena.
Fernández señaló que, desde el 2016, se ha estabilizado el número de indemnizaciones y afectados. «La criba de empresas ya se hizo durante la crisis», cuando muchas, a pesar de ser rentables, cerraron por impagos de sus clientes», apuntó. Este organismo abona un máximo de 25.498,90 euros si es una indemnización y hasta 8.383 por salarios.
