El Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén de gas Castor, ubicado frente a la costa de Vinaròs y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, «más los daños causados». Las tres entidades formularon ayer, ante el Gobierno, «una reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitan la devolución del dinero aportado, según informaron fuentes jurídicas y ratificaron a este diario desde Bankia.

Este paso se da después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto-ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización de la actividad en las instalaciones.

Los bancos entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a la administración para facilitar una medida que se consideró de interés general.

Si no fuese así, argumentan, «el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las citadas entidades».

Y recuerdan que desembolsaron más de 1.350 millones para pagar la clausura de la infraestructura, después de que una serie de seísmos despertasen alarma social entre los vecinos de Castellón y de Tarragona.

URGENCIA // En ese momento, el Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en el Castor y el Gobierno, con José Manuel Soria al frente de la cartera de Industria, aprobó el real decreto-ley con el que extinguió la concesión, hibernó la planta y reguló la compensación a la antigua responsable.

De ese modo se podía indemnizar a Escal UGS con 1.350 millones con cargo al sistema gasista, es decir, a través de la factura del gas, lo que el Constitucional anuló parcialmente en el 2017.

Las tres entidades ofrecen al Estado que devuelva el dinero de modo gradual, en los mismos términos y condiciones previstas.