La nueva consellera de Sanidad, Ana Barceló, deberá trabajar contrarreloj para cumplir sus compromisos con el Hospital Provincial de Castellón. Y es que antes de fin de mes debe convocar el consejo de gobierno --del que ahora es presidenta-- si quiere cumplir con los plazos que establece la normativa en este sentido, y si no desea que cunda el malestar entre los trabajadores del centro ante un nuevo retraso.

Barceló, que hereda el cargo de la exconsellera Carmen Montón, también debe cubrir las tres bajas en el consejo de gobierno que se han creado con la marcha a Madrid de personal de la Conselleria para trabajar con la ahora ministra. Hay que recordar que en esta institución están representadas al 50% tanto la Conselleria de Sanidad como la Diputación, aunque el voto de calidad en caso de empate es el de la presidenta.

anulación // La sesión del mes de junio del consejo de gobierno estaba prevista para el pasado día 6, pero la llamada de Pedro Sánchez a Montón hizo que se anulara por «causa sobrevenida».

Durante la reunión se tienen que discutir temas trascendentes, como el convenio colectivo que fue aprobado en abril del 2015, las cuentas de los primeros seis meses de 2018, la relación de puestos de trabajo (RPT) para el personal o la anulación definitiva del contrato de alquiler de los terrenos de la Vall d’Uixó del expiloto de motos Álex Debón, donde estaba prevista la construcción de un hospital de día y una unidad de salud mental.

Es por ello que de no convocarse antes de fin de mes, fuentes del Provincial indican que habría «críticas importantes y malestar» hacia la ministra, que por el momento no ha acudido al recinto hospitalario. Desde la Conselleria de Sanidad, además, mantienen silencio tanto ante la convocatoria del consejo de gobierno como ante una posible visita de la consellera de Sanidad.

Barceló recoge una difícil herencia tras una etapa de Carmen Montón como presidenta del consejo que se ha caracterizado por las discrepancias que ha mantenido tanto con la Diputación como con parte de los trabajadores. Como ejemplo, la denuncia que interpuso por la emisión de facturas del centro por considerar que podría existir ilícito penal. La Fiscalía archivó el caso por considerar que eran únicamente faltas administrativas.