El exsubdelegado del Gobierno en Castellón con el PP entre los años 2012 y 2018, David Barelles, declaró ayer como investigado por la trama de facturas falsas destapada por una funcionaria en verano del 2017 y denunciada ante la Policía Nacional. «He contestado a todas las preguntas de su señoría, de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular», dijo a su salida, indicando que había ido «bien». Barelles no quiso entrar a valorar la operativa delincuencial detectada en la institución y rehusó hacer declaraciones más allá de indicar: «Confío en que todo se cierre pronto y que salgamos de esta maraña que tenemos».
Su declaración como investigado --a 10 días de las elecciones municipales-- llega después de que otro exsubdelegado, el socialista Antonio Lorenzo, fuera citado el pasado 25 de abril.
Tras comparecer ante el juez, Lorenzo se explayó ante los medios e incidió en que «nunca» se aprovechó de su cargo ni ordenó falsear facturas, manteniendo su «honradez» y señalando a los dos funcionarios investigados en la causa como presuntos autores de la trama. De ellos indicó: «Me siento totalmente defraudado por algún funcionario en el que yo confiaba y que después actuó de una forma no aceptable».
En cambio, Barelles no quiso ahondar ayer en el caso Subdelegación ni en sus posibles responsabilidades. El juez investiga a ambos exsubdelegados por los presuntos delitos de falsedad documental y malversación, y acordó el pasado mes de abril prorrogar la declaración de complejidad de la causa y ampliar consiguientemente el plazo de instrucción otros 18 meses, concretamente hasta el 6 de noviembre del 2020.
EN COMISARÍA / El 2 de mayo del 2018 Barelles acudía a la comisaría de la Policía Nacional para prestar declaración como testigo --una calificación que luego pasó a la de investigado-- por la trama de pitufeo. Negó haber tenido conocimiento alguno de las actividades delictivas detectadas hasta que la entonces secretaria general le informó de irregularidades en los repostajes de un coche oficial inactivo. El exsubdelegado popular desvió entonces toda la responsabilidad al habilitado de gastos Vicente G.M., --ahora suspendido de empleo y sueldo--.
Dijo en su declaración policial que el tesorero apartado de sus funciones era de «absoluta confianza», puesto que «llevaba muchos años» y aseguró a los agentes que él «creía firmemente en los documentos que firmaba».
CONFIESA IRREGULARIDADES / Asimismo, en el día de ayer declaró en el Juzgado de Instrucción 1 de Castelló uno de los empresarios investigados por la operativa irregular en las facturas. Propietario de una papelería, reconoció ante el juez que variaba los conceptos de los recibos a petición de la institución --un modus operandi admitido por responsables de otras mercantiles durante la instrucción-- y consignó dinero en el juzgado, según ha podido saber este diario de fuentes solventes.
La justicia investiga facturas falsificadas y mordidas de funcionarios y pequeños negocios durante al menos una década (lo sucedido en años anteriores está prescrito), bajo los mandatos de Antonio Lorenzo y David Barelles. Hay una treintena de personas investigadas.
