La polémica plaza de director de la Banda Municipal de Música de Castellón llegó ayer al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón, en el que se celebró la vista oral por el recurso de reposición presentado por el subdirector de la banda, José Vicente Ramón Segarra, contra la desestimación del recurso contra las bases de la oposición para cubrir el puesto por turno libre aprobadas en 2017 por el bipartito, en contraposición a las acordadas a las puertas de las elecciones del 2015, con el PP aún en el gobierno, por promoción interna. Fue una vista tensa, en la que llamaron a declarar, como testigos, al exconcejal de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, y a un músico y representante sindical, mientras el subdirector de la banda seguía las declaraciones -en silencio hasta que utilizó su derecho de última palabra-, sentado junto a la edila de Cultura, Verònica Ruiz, que acudió, sin ser citada, como muestra de apoyo a Lorenzo, según ella misma reconoció.

A preguntas de la abogada de Ramón, el exconcejal de Gestión Municipal, primero aseguró que había cesado de su cargo como edil «por una investigación» y argumentó que el cambio de bases «estaba avalado por los técnicos y la asesoría jurídica», matizando que en el equipo de gobierno consideraron «que era una propuesta positiva para mejorar la reputación de la banda» y que el subdirector «tenía potestad plena para presentarse». Admitió «posiciones discrepantes» en la mesa de negociación de esas bases y, preguntado sobre si se le advirtió de alguna «ilegalidad» en el procedimiento, insistió en que la decisión se tomó en base a informes técnicos y jurídicos «de lo contrario habría sido un suicidio».

El otro testigo contradijo en parte la versión de Lorenzo, asegurando que el exedil, en la mesa de negociación, «aseguró que el cambio de bases se hizo porque, con las del 2015, solo se podía presentar una persona -Ramón Segarra-». Durante su declaración, la jueza tildó de improcedentes preguntas de la defensa del subdirector, como si «el cambio de bases obedecía a una cuestión personal».

Tras escucharlos, el subdirector -y director de la banda en comisión de servicios desde 2012 a 2018- tomó la palabra y disparó contra el bipartito disparó, para asegurar que «el cambio de bases se hizo contra mí, tras una connivencia política de PSPV y Compromís con un grupo de músicos afines que me desestabilizaron. Es un ataque a mi persona y me ha afectado social, profesional y familiarmente, hasta entrar en una debacle que me ha costado un divorcio y 11 meses de baja laboral, que continúa». «Tengo la convicción que es una persecusión personal», explicó, para recordar una opinión del secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, de Compromís, tres meses antes del cambio de bases, en la que hacía alusión al «mal ambiente en la banda y a la necesidad de una nueva dirección».

El letrado que representaba al Ayuntamiento, por su parte, apuntó que el turno libre «obedece a un criterio de igualdad en el acceso a una plaza, y que Ramón Segarra, por el hecho de ejercer como director en comisión de servicios, no consolidó el derecho de promoción interna».

El contencioso quedó visto para sentencia. Según explicaron la plaza de director, que ahora ocupa Marcel Ortega tras ganar la oposición, no debería verse afectada.