El presidente de la Junta de Festes, Juanvi Bellido, declaró ayer en el transcurso de un juicio por un presunto delito de amenazas a una funcionaria del Patronato Municipal de Fiestas que la concejala del área del Ayuntamiento de Castellón, Sará Usó, “ha pedido” su “cabeza”, y que la responsable municipal en cuestión “tiene animadversión” hacia su persona”. Bellido, que estaba arropado por una decena de miembros de la Junta, negó en rotundo las amenazas a la funcionaria y, si bien reconoció que podrían haber diferencias con la misma, porque “ella sabe de leyes, pero no de fiestas”, aseguró que “en ningún momento” faltó al respeto a la técnica municipal.

Los hechos se remontan al 24 de enero del 2016, cuando, en una conversación telefónica, según relató la demandante durante su turno de declaraciones, el presidente de la Junta le espetó: “Te voy a destrozar la vida a nivel personal y profesional”.

La funcionaria, que responde a las iniciales A.M.C.G., indicó que se ratificaba en su reclamación y explicó que en el día de autos el presidente de la Junta de Festes le profirió estas amenazas.

Durante la vista oral declaró como testigo de la demandante la concejala Sara Usó, quien se encontraba presente en la conversación telefónica. Dijo que oyó “claramente” cómo Bellido le gritaba a la funcionaría “te voy a destrozar personal y profesionalmente” y que, en ese momento, le conminó a la técnico del Patronato que “cortara la conversación”. La edila, en su declaración, manifestó que las relaciones con Bellido y la Junta “eran buenas, si bien estaba la presión de los días previos a la organización de las fiestas” de la Magdalena.

FUNCIONARIA y EDIL // El abogado defensor de Bellido centró su intervención en las diferencias de puntos de vista entre el Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Fiestas, cuya presidencia delegada ostenta la concejala Sara Usó, y el Ayuntamiento para restar credibilidad al argumentario de la funcionaria y la edila.

El abogado de la demandante pide para el presidente de la Junta de Festes una pena de multa de 25 euros diarios durante un mes y una indemnización de 2.000 euros porque “el delito leve de amenazas queda probado”.

La defensa de Bellido pide la absolución de su representado porque el relato de la funcionaria está lleno de “generalidades, ambigüedades y contradicciones”. “Cómo se explica, además, que los hechos ocurren el 28 de enero y no lo denuncia hasta el 4 de abril”, concluyó el letrado. H