Ante el debate sobre las medidas a aplicar para salir de los efectos económicos de la pandemia, la presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, dio a conocer ayer las líneas del plan de su formación, que con el título de Activa, tiene como principal eje la reducción de la estructura política del Consell con el fin de «hacerlo más ágil y sacar liquidez para pagar ERTE y ayudas. Hay que reducir la Administración política, esos 330 intocables de Puig que, con el dinero de los valencianos, se dedican al autobombo».
Bonig, que avanzó la presentación de su documento en la comisión de reconstrucción de Les Corts, incidió en la protección de la economía. «Si no la mantenemos no podremos pagar la sanidad ni las políticas sociales», aseguró. Mostró su apoyo a «las empresas con liquidez y financiación porque esas pymes y autónomos van a ser capaces de construir y crear empleo en lugar de destruirlo», añadiendo el planteamiento de reducir la presión fiscal.
La líder de la oposición añadió la voluntad de «priorizar las necesidades de los más vulnerables, agilizando la renta valenciana de inclusión para que no tengan que esperar de 9 a 16 meses para cobrar, y la generalización de las pruebas PCR para llevar a cabo una desescalada en condiciones». También en el ámbito sanitario, abogó por un plan de choque y la colaboración entre los sectores público y privado para reducir listas de espera. Incluye la creación de un clúster sociosanitario para afrontar una segunda oleada, contratación de médicos residentes y rebajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%.
