El polémico desalojo ejecutado el martes en Castelló a una mujer y su hijo en un bloque de viviendas de protección oficial de un fondo de inversión ha causado ciertas discrepancias en el equipo de gobierno (PSOE-Compromís-Unidas Podemos) por la actuación que llevó a cabo la Policía Local. Un papel que defendió el edil de Seguridad Ciudadana, Omar Braina, quien asegura que los agentes «hicieron su trabajo» y se limitaron a «cumplir con su cometido», y que las divergencias obedecen a «un criterio técnico y no político».

Fuentes socialistas consultadas por este periódico explican que los efectivos desplegados en la calle Río Nervión actuaron a requerimiento de la Policía Nacional y se encargaron únicamente de «velar por el mantenimiento del orden público en la calle, no de ejecutar el desalojo». Desde el PSOE insisten en que el cuerpo dependiente del Ayuntamiento acudió para prestar la «asistencia» que precisaban sus homólogos, ya que, de hecho, aseguran que la Policía Nacional ya estaba allí cuando llegaron los efectivos locales.

Horas antes, Unidas Podemos, cuyos dos concejales --María Jesús Garrido (Vivienda) y Fernando Navarro (Transición Ecológica)-- asistieron al desalojo, había anunciado que pedirá explicaciones por la actuación de la Policía Local durante los hechos, ya que defienden que una moción aprobada en pleno en diciembre del 2015 establece que el consistorio «no colaborará en ningún caso en desahucios de vivienda habitual».

Desde el otro socio de gobierno, Compromís, su portavoz, Ignasi Garcia, opina que «una cosa es asistir al desahucio y controlar la situación» y «otra bien distinta es participar activamente». Por eso, el edil aboga por «revisar los protocolos y delimitar y perfilar mejor» la función que los agentes deben seguir en un desahucio para respetar el acuerdo plenario.