La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, sale al paso de las quejas de los abogados de Castellón, que reclaman mejoras en la prestación de la asistencia jurídica gratuita, y señala que la Generalitat ha hecho un «importante esfuerzo económico» en este apartado, con un aumento presupuestario «de más de un 64%» entre el 2015 y el 2018, en el caso de los Colegios de Abogados, y de «más de un 76%» en el caso de los Colegios de Procuradores.

Bravo explica que este incremento se ha repercutido en las cuantías de los honorarios que perciben los profesionales que prestan dichos servicios de justicia gratuita.

Los letrados de Castellón se movilizaron la pasada semana para reclamar «dotación y mejora de los medios necesarios para garantizar la asistencia jurídica gratuita digna para la abogacía y la ciudadanía». Los manifestantes se desplazaron desde la Ciudad de la Justicia a la Casa dels Caragols.