La Comisión Europea (CE) revisará la controvertida línea de muy alta tensión (MAT) que Red Eléctrica tiene previsto construir entre Morella y la Plana. Lo avanzó ayer en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara el representante del ente europeo, Daniel Fernández, en respuesta a la petición de paralización de los representantes de la Plataforma No a la MAT desplazados a Bruselas.
El colectivo solicitó frenar la autopista de la energía que tiene previsto «cruzar transversalmente» la provincia, en una sesión en la que se acordó «que el Ejecutivo europeo volverá a analizar el proyecto», después de haber «solicitado información al Gobierno de España y a la Generalitat valenciana», sobre la que se pronunciará «en breve», según adelantó Fernández en la Eurocámara.
El proyecto, incluido en la Planificación Energética 2015/20 elaborada por el Gobierno central en colaboración con las comunidades autónomas, prevé construir un línea de doble circuito de 400 kV y 86 kilómetros que conectaría la subestación de Morella con la de la Plana.
La ponente de la petición en la sede parlamentaria y portavoz de la MAT, Clara Eugenia Ros, calificó el proyecto de «cicatriz en el territorio» que «no es de utilidad pública» y supone un «atentado contra la naturaleza (...) y los ciudadanos, pues la línea transcurre a poca distancia de zonas habitadas, menor al mínimo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud», además de «beneficiar exclusivamente al promotor». La petición recibió el respaldo de varios eurodiputados, entre ellos la castellonense Marina Albiol, portavoz de Izquierda Plural en la Eurocámara, quien indicó que la utilidad pública del proyecto es «cuestionable» y solicitó que «se paralice el tendido porque afecta a las aves silvestres, a los hábitats animales y a la Red Natura 2000». No obstante, valoró «positivamente» que la CE considere revisar la línea. «Es un logro, porque la MAT puede vulnerar legislación europea y existe una preocupación por aspecto que están poco claros», dijo.
En esa línea, el eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi recordó que la Generalitat se opone al proyecto y exigió «una evaluación del impacto ambiental estratégico» del mismo.
