Las tres administraciones tienen la culpa. La Generalitat, el Gobierno y la Unión Europea comparten su responsabilidad ante uno de los problemas que amenazan la continuidad del sector citrícola de la Comunitat, con una incidencia especial en los campos de clementina de la Plana Baixa, tanto en la pérdida de ingresos como en el riesgo de abandono de cultivos en unos pocos años.

Esta fue la acusación conjunta de La Unió de Llauradors y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), que se concentraron en la mañana de ayer frente a las puertas de la Delegación del Gobierno en València, para reclamar medidas efectivas contra el cotonet, una plaga llegada a través de un envío de Sudáfrica, y que causa cada vez más estragos.

La convocatoria contó con el respaldo de Fepac-Asaja, UPA-PV y el Comité de Gestión de Cítricos y finalizó con el registro de un documento reivindicativo dirigido a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, para que traslade a Madrid sus reivindicaciones. Entre ellas, un único puerto de entrada por estado miembro de la Unión Europea de los cargamentos de cítricos procedentes de terceros países, a fin de lograr la máxima especialización y mejorar la coordinación de los controles fitosanitarios; establecer inspecciones de seguridad alimentaria y sanidad vegetal en los países de origen; exigir al laboratorio nacional de referencia, que el Gobierno ha trasladado de València a Lugo, que realice análisis de muestras asintomáticas a la fruta que entra por el puerto de Vigo; y una etiqueta distintiva que realce las ventajas fitosanitarias y ambientales que presentan los productos agrarios europeos respecto a los foráneos. Si no llegan las soluciones, avisan de un otoño caliente de movilizaciones.

FITOSANITARIOS / El secretario general de La Unió, Carles Peris, reprochó que al sector «nos hacen la vida imposible, somos un auténtico coladero de plagas y encima, mientras a los agricultores europeos nos prohíben cada vez más materias fitosanitarias, dejan entrar importaciones de países terceros que siguen utilizando esas mismas sustancias, lo que genera una competencia desleal». El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, rechazó «el juego de tenis que están disputando la Conselleria y el Gobierno, cuando todos tienen culpa en el problema de las plagas y enfermedades agrarias. El Gobierno no evitó la entrada del cotonet por el puerto de Sagunto y la Generalitat tampoco hizo los deberes para erradicarlo. Luego está la Unión Europea, cuya política fitosanitaria suprime materias activas sin ofrecer alternativas viables».

Además de la expansión de este insecto, una de las claves que explican el enfado de los citricultores es el veto de Bruselas a los productos cuyo principio activo es el metilclorpirifós. Una limitación presente desde primavera, y sin sustituto con la misma efectividad. El líder de la Unió expuso que la alternativa planteada desde la Administración autonómica --el uso de feromonas-- «ya es conocida, y fue aplicada en el pasado ante situaciones como la mosca de la fruta». Pero para ello «haría falta que los productores y la Conselleria aporten el coste al 50%, y a la vez que se haga la redacción de un plan estratégico».

PETICIÓN / Ante este asunto la titular de Agricultura, Mireia Mollà, reclamó ayer que sea el Ministerio el que abone la cantidad de 12 millones de euros necesarios para extender el tratamiento alternativo, que ya ha sido testado con buenos resultados en estudios experimentales. «La consellera ha confiado en la colaboración ministerial, ya que en una reciente respuesta escrita ha expuesto su disposición a financiar las actuaciones solicitadas por las comunidades autónomas para frenar y atajar la expansión de plagas», señaló este departamento. Además, está pendiente extender la autorización del Gobierno, que por ahora solo lo permite en cinco puntos de Castellón.