Desastrosa vuelta al trabajo en los juzgados de la provincia, según el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Ayer estaba prevista la reincorporación de entre el 60 y el 70% del funcionariado de la Comunitat Valenciana como parte de la desescalada en la administración de Justicia. Sin embargo, al llegar la plantilla a sus puestos de trabajo se encontró con que en muchos órganos de Castellón resultaba imposible mantener la distancia de seguridad de dos metros (pasaba, sobre todo, en los juzgados de primera instancia y en los penales, según detallan fuentes sindicales).

El incumplimiento de esta norma como medida de seguridad ante el coronavirus obligó a posponer la reincorporación de la mayoría de los funcionarios y a mantener la plantilla solo al 30%, como ya trabaja en las últimas semanas. El caos fue evidente. Empleados que se habían desplazado a los juzgados para trabajar se dieron de bruces con el problema y tuvieron que volverse a sus casas, a la espera de replantear la resolución de la Conselleria y asegurar que la distancia pueda cumplirse. Lo mismo sucedió en el resto de sedes judiciales de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN TARDÍA / «Lo que no puede ser es que la gente tuviera que volver el martes a primera hora a sus puestos y que la resolución definitiva para saber cómo hacerlo, en qué turnos y juzgados se hiciera pública el lunes por la noche. Eso ha provocado un descontrol de información, pero es que, además, al llegar el personal al juzgado se percata de que la distancia de dos metros no puede respetarse», critica la delegada de Justicia de CCOO, María Ahicart.

«Al final, como no quedaba claro de qué manera hacerlo con garantías, se ha decidido que trabaje solo el 30% de la plantilla hasta que todo esté claro. Sabemos que es un tema muy laborioso y que hay que analizar juzgado a juzgado sus dimensiones y distribución, pero hay que hacerlo bien. El equipo de trabajo de la Conselleria se ha esforzado mucho para planificar la desescalada, pero el resultado no ha sido nada acertado», mantiene Ahicart.

Desde Conselleria admiten ciertas «disfunciones» en la vuelta a algunos puestos y reconocen, asimismo, que la resolución con las instrucciones se envió «tarde». Respecto a la imposibilidad para garantizar la distancia, recuerdan que la orden del Ministerio plantea la opción de hacer turnos de mañana y tarde y aseguran que los juzgados de Castellón analizarán de qué manera poder articular una vuelta segura.

CONSELLERIA / Afirman que el espacio en los edificios «es el que es» y aseveran que «no se va a penalizar a nadie que decida no trabajar presencialmente porque se trata de primar la seguridad de los trabajadores». Indican que no es un problema que, de momento, trabaje desde el juzgado solo el 30%, porque «la situación judicial no permite hacer mucho».

En las sedes judiciales sí garantizaron los equipos de protección individual (mascarillas, guantes y pantallas), así como la limpieza y desinfección y la dispensa de gel hidroalcohólico.

Esta accidentada vuelta a la actividad judicial, sumada al parón provocado por el covid-19, deja la justicia castellonense en una situación «muy vulnerable». Tanto CCOO como CSIF coinciden en que volver a la etapa previa al coronavirus (ni mucho menos óptima porque el colapso es un mal endémico) costará «meses» e, incluso, «más de un año», dicen.

MÁS MEDIOS ANTE EL ATASCO / «Hasta el día 4 de junio no se retoman los plazos procesales y prever todo el aluvión que entrará en ese momento es muy complicado. Lo que es seguro es que se necesitará ampliar plantillas y juzgados para dar una respuesta eficaz a la ciudadanía. Si antes ya sufríamos importantes retrasos, ahora con más motivo todavía», asegura Arturo Losada, de CSIF.

Los funcionarios de Justicia recuerda también que el nombramiento de personal interino está paralizado por la crisis sanitaria y afirman que los refuerzos serán «esenciales» para salir del actual atolladero judicial.