Levantado el secreto de sumario en la nueva investigación judicial que se cierne sobre el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón dio ayer nuevos datos sobre la causa que abrió en el año 2017 tras una denuncia de la Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

Como confirmó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado que en estos momentos dirige el magistrado Jacobo Pin --quien dio el empujón definitivo al Caso Naranjax que llevó al expolítico a prisión-- investiga si el expresidente de la Diputación ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón del año 2013 (confimada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión --cumplió dos y cuatro meses-- y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.

Mediterráneo ya avanzó ayer que la acusación contra el exdirigente popular iba en la línea de un posible alzamiento de bienes para no pagar a Hacienda. El propio Fabra también reconoció el mismo día del registro judicial a su casa de Platgetes (Orpesa) que sospechaba que ese podía ser el motivo de las actuales diligencias.

Los próximos días 28 y 29 de octubre el expolítico, su mujer y uno de sus hijos (también investigados) están citados a declarar ante el juez. También debe presentarse en sede judicial un cuarto imputado, cuya identidad no ha trascendido. Sin embargo, podría tratarse de una persona ligada profesionalmente a Fabra en sus tiempos en la Diputación.

Cabe destacar que a principios de este año el expresidente declaró como investigado en otra causa que dirige el Juzgado número 3 de Castelló contra once miembros de la excúpula de Aerocas por el tema de los patrocinios al piloto Álex Debón. Se trata de dos casos totalmente distintos que acabarán, previsiblemente, en nuevos juicios para el expresidente.

«Es todo mentira. Yo no he cometido ningún alzamiento de bienes. Tuve que malvender todo lo que tenía para pagar y no me queda nada. Vivo con una pensión de 1.829 euros y doy gracias por tener cuatro hijos maravillosos y buenos amigos que me ayudan». En estos términos se pronunció ayer el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, tras conocer un poco mejor las acusaciones que el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital hace contra él.

El expolítico afirmó que la semana que viene se personará en sede judicial con su abogado porque «quiero saber más» sobre una causa que data del 2017 y que está íntimamente relacionada con la condena que le llevó a prisión en el año 2014.

«Malvendí todo y no tengo nada»

«Mi mujer sí que pagó todo lo que esa sentencia le impuso (548.000 euros entre la multa y la indemnización a Hacienda). Tuvimos que vender nuestro patrimonio y algunas cosas muy por debajo de su valor. Hacienda se quedó un cheque íntegro de un millón y medio de euros de una propiedad. Recién vendida, mi mujer lo firmó y fue directo a la Agencia Tributaria», mantuvo el exdirigente popular en conversaciones con este periódico. Por lo que se refiere a sus propios pagos, sostiene: «Yo pagué una parte importante, pero la multa no la pude abonar --la cantidad total ascendía casi a 1,4 millones de euros--. No puedo pagar un dinero que no tengo», aseguró el expresidente, quien incidió en que tiene interpuesta una demanda contra el Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Fabra, desde que el registro domiciliario en su villa de Platgetes (Orpesa) volviera a ponerle en el punto de mira, ha querido recalcar que no tiene ningún bien ni posibilidad de pagar.

Las claves del Caso Naranjax

El caso comenzó en 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, dueño de Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas contra él en los juzgados de Nules, acusándolo de cobrarle dinero por favorecerlo en la comercialización de productos.

En 2005, Hacienda presentó otra querella por fraude fiscal. Tras años de instrucción, de recursos y revocaciones del Supremo, el caso llegó a juicio. En 2013, el expolítico fue condenado a cuatro años, aunque solo por fraude fiscal (el Ministerio Público pedía hasta 13 por cohecho, tráfico y fraude).