El conocido como caso Subdelegación, que investiga a los subdelegados del Gobierno en Castellón Antonio Lorenzo (PSPV) y David Barelles (PP) por presuntos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos, así como a empresarios y funcionarios, avanza en los juzgados con nuevas testificales e informes solicitados por el responsables del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital. La instrucción de la causa, que fue declarada compleja y que se prorrogó con posterioridad, puede dilatarse hasta finales del próximo 2020.

Barelles declaró el pasado 16 de mayo como investigado. «He contestado a todas las preguntas de su señoría, de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular», explicó a su salida del juzgado, indicando que había ido «bien», puntualizó. Barelles no quiso entrar a valorar la operativa delincuencial detectada en la institución y rehusó hacer declaraciones más allá de indicar: «Confío en que todo se cierre pronto y que salgamos de esta maraña que tenemos».

Por su parte, Antonio Lorenzo (dimitió en febrero como concejal de Hacienda al conocerse su investigación policial) mantuvo su «honorabilidad» y dijo sentirse «defraudado» por los funcionarios de la Subdelegación sobre quienes se centra la investigación. La trama de facturas falsas y pitufeo fue destapada por una trabajadora de la institución hace un año y medio.