El Ayuntamiento de Castelló avanza en la tramitación del Plan General (PG) con la incorporación de nuevos criterios que definen la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (Date) elaborada por la Conselleria en la que trabaja el consistorio capitalino, como la proyección del terreno del aeródromo del Grau hacia una edificabilidad «de bajo impacto ambiental», entre otras cuestiones, que se incluyen en el apartado de las modificaciones que afectan a las ordenanzas urbanísticas municipales.
Una estrategia que, tal como publicó Mediterráneo, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, quiere poner en marcha «cuanto antes» para definir el modelo de ciudad para los próximos 20 años.
El concejal de Urbanismo, José Luis López, explicó las nuevas propuestas del PG estructural que plantea la DATE, clasificándolas en cinco tipos: las que proponen una modificación de la clasificación de suelo; las que requieren de una aclaración de la solución propuesta; las que afectan al Plan de Ordenación Pormenorizado (POP) o a la posterior ejecución urbanística pero no tanto al planeamiento; las que piden modificar alguna ordenanza urbanística; y las cuestiones a resolver con otras administraciones.
En este sentido, el documento recoge un punto que establece que «se deberá regular los usos en solares no urbanizables de viviendas aisladas, ganadería y suelo protegido», entre otros, así como la aclaración del uso y futuras obras en la zona del aeródromo «para descartar una edificabilidad alta y preservar los valores mediombientales del entorno».
Novedades en el Serrallo
En las correcciones que afectan al POP, la DATE especifica que la viabilidad de los sectores SI Plataforma Logística y SI-CTRA Grau-Almassora queda supeditada a la aprobación de un estudio de inundabilidad específico; uno hidrológico-hidráulico y uno acústico, así como la reserva de parcelas cuya calificación urbanística permita albergar, al menos, una infraestructura de transferencia de residuos industriales.
Como adelantó este diario, cabe recordar que los procesos de urbanización blanda se propusieron fijando plazos máximos de ejecución (10 años, más otros 2 si las obras ya están iniciadas).
