Desde principios de mes los vecinos de las viviendas sociales se están encontrando en el buzón una carta del Ayuntamiento. La firma la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, que anuncia el inicio de «un plan de acción» con el objetivo de regularizar la situación de las familias que habitan las viviendas sociales municipales, que recuerda los requisitos que deben cumplir para no perder el derecho a uso y advierte de futuras inspecciones.
La falta de regularización es un problema que arrastra Castelló desde hace años. Así lo apuntó la propia Garrido en un pleno del Ayuntamiento. Su parlamento levantó gran polémica al hacer referencia a la venta de droga en una vivienda, y la investigación policial al respecto. El caso particular es solo la punta del iceberg de un problema estructural y heredado. Y es que 58 de las 221 viviendas sociales de Castelló están en situación irregular. El 70% de ellas desde hace más de diez años, y en la mayoría de los casos por cuestiones administrativas.
Esta situación es la que pretende corregir la concejalía de Vivienda llevando a cabo este «plan de acción». Según reza la misiva enviada a los vecinos, «el objetivo es conseguir que las familias residentes cumplan con los requisitos que dan derecho a ocupar las viviendas sociales, y que lo hagan conforme a las normas de asignación y convivencia» que establece el propio Ayuntamiento.
requisitos // La concejalía recuerda en la carta las normas de obligado cumplimiento, como mantener las óptimas condiciones de higiene, realizar las reparaciones necesarias y no tener animales ni almacenar objetos peligrosos o antihigiénicos. Además, los inmuebles han de ser la residencia habitual y permanente, y los residentes deben notificar cualquier ausencia superior a dos semanas. Tampoco está permitido ceder la vivienda a terceras personas, realizar obras sin autorización y desarrollar actividades comerciales, y son requisitos innegociables colaborar con los servicios técnicos, asumir los gastos de comunidad, luz y agua, y mantener un comportamiento adecuado que no altere la convivencia social.
El consistorio advierte en la misiva de que el «no cumplimiento de estas normas puede implicar la pérdida inmediata del derecho a uso» de la vivienda, que conlleva dos años de veto. Avisa por último de inspecciones «en las próximas semanas» para revisar «el estado físico» de los pisos y «actualizar la información sobre las familias residentes».
