El encauzamiento del barranco de Fraga fue inaugurado el 26 de marzo del 2013 tras cuatro años de obras y décadas de reivindicaciones para acabar con las inundaciones en la zona sur de la ciudad, cuya solución fue calificada «de prioridad alta» en el Plan de Acción Territorial y Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana (Patricova). Seis años después del acto de inauguración, todavía hay abiertos expedientes sobre las indemnizaciones fijadas por las expropiaciones de los terrenos. Un largo y complejo proceso iniciado por el equipo de gobierno del PP y continuado por el de PSPV y Compromís y que, por ahora, ha permitido ahorrar 2,5 millones de euros a las arcas municipales.

En verano del 2008 activaron el expediente de expropiación forzosa y en diciembre del 2014 el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dictaminó los precios que el Ayuntamiento tenía que pagar a los propietarios de las parcelas afectadas por el proyecto, que superaban, en total, los 3,6 millones de euros. Dos meses más tarde, en febrero del año 2015, la administración local presentó un recurso de reposición ante el Jurado de Expropiación, que en octubre del mismo año resultó desestimado.

El Ayuntamiento dio un nuevo paso en el terreno judicial y se convirtió en demandante, presentando 35 recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), cuyas sentencias han estado llegando en los últimos meses. Hasta ahora, hay resoluciones de 31 de los 35 recursos, que estiman, en total, un desembolso de 1,1 millones de euros, lo que supone 2,5 millones menos que lo estipulado en un primero momento por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en el 2014. El consistorio castellonense está a la espera de las resoluciones de otros cuatro expedientes, que prevén que se resuelvan durante los próximos meses. Se cerraría así, al menos de momento a falta de nuevos recursos, la tramitación de las expropiaciones.

OBSTÁCULOS // Ya en la licitación de la obra aprobada en 2006 uno de los principales obstáculos fue el proceso de expropiaciones para obtener los terrenos por parte de los ayuntamientos de Castelló y Almassora, que también acogió en su término una pequeña parte de la canalización.