La Concejalía de Vivienda de Castelló plantea recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la apertura de expedientes sancionadores para castigar la acumulación de viviendas vacías por parte de fondos buitre y grandes tenedores. Y es que estima, en función de los últimos datos, que un 25% de las casas de grandes propietarios de la ciudad están ahora mismo vacías.

Son cifras que se extraen del último estudio que impulsa el área que encabeza María Jesús Garrido. Con el objetivo de poner en marcha una serie de políticas públicas que corrijan lo que consideran una «disfuncionalidad en la función social de la vivienda», la concejalía está trabajando en la elaboración de un diagnóstico para actualizar los datos de vivienda vacía en Castelló, así como la propiedad de la misma. También se está recabando información sobre los precios actuales de compra y alquiler. No solo eso, el trabajo abarca asimismo la demanda de vivienda en la ciudad, y las características de los inmuebles.

Así las cosas, del censo del IBI, que forma parte del Plan Estratégico, se puede concluir que 4.381 viviendas de la capital de la Plana son propiedad de grandes tenedores (se considera gran tenedor a aquellas empresas que poseen diez o más edificios). Entidades públicas aparte, estas empresas son varios fondos de inversión, entidades financieras, inmobiliarias y promotoras diversas.

84 empresas re reparten las 4.381 viviendas

En total, son 84 las firmas que se reparten esas 4.381 viviendas. Diez de ellas poseen el 40% de ellas. Son fondos de inversión, señala la concejalía, de capital internacional, y que controlan miles de inmuebles en España y otros países. En Castelló, en concreto, los cinco grandes propietarios privados de vivienda son Sareb (356 viviendas), Lazora (339), Voyager Reo (235), Promontoria Coliseum (224) y Tempore (169).

En este marco, la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló considera que «el mercado de alquiler es especialmente preocupante», ya que «existen cientos de familias que no pueden acceder a la compra dado su nivel de ingresos y sus circunstancias socioeconómicas», que están empeorando para muchos por la pandemia del coronavirus.

Vivienda considera que estos grandes tenedores tienen una «evidente capacidad de influencia y distorsión de los precios», en parte por su capacidad para «retener viviendas reduciendo la oferta e incrementando los precios de los arrendamientos». De ahí el planteamiento de sanciones por acumular propiedades deshabitadas en la ciudad de Castelló.

Garrido «lamenta» que un 25% de estas viviendas estén vacías. «A la espiral de incrementos de precios del alquiler, y a la cantidad de viviendas que permanecen vacías se añade la presencia creciente de grandes empresas y fondos de inversión que han acabado gestionando viviendas de alquiler, especialmente de VPO, que estaban destinadas a colectivos vulnerables y de rentas bajas».

Por todo ello, la Concejalía trabaja para poner en marcha acciones que liberen estos inmuebles, en consonancia con la Ley de Función Social.