La normalización del topónimo de la ciudad, para tener una denominación exclusiva en valenciano (Castelló de la Plana y Grau de Castelló) ha recibido 38 alegaciones (firmadas por 40 personas), de las cuáles 29 corresponden a partidos políticos (PP, Ciudadanos y Vox) y el resto son de particulares y colectivos vecinales como la Federación de Asociaciones Ciudadanas, Consumidores y Usuarios, la Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, la AAVV Benadressa, AAVV Trinidad Centro y la AAVV Verge de Lledó.

A grandes rasgos, los motivos que alegan para que se mantenga la forma bilingüe actual, aprobada en el año 1982, son «la falta de una consulta popular para el cambio», que «no se argumenta por qué se tiene que eliminar Castellón» o que «la forma bilingüe se adecua a la tradición histórica y lingüística de la ciudad».

El volumen de alegaciones, según el concejal de Normalización Lingüística y principal impulsor de la iniciativa, Ignasi Garcia, «demuestra que la ciudadanía ha entendido perfectamente el objetivo del gobierno en el topónimo como reparación histórica», pese, «al conflicto lingüístico que ha querido crear la derecha con una campaña fracasada para generar un clima de conflicto y hostilidad hacia este gobierno». Y recuerda que la normalización del topónimo de l’Alcora llegó a recibir unas 600 alegaciones.

Siete modelos y 40 firmantes

  • El portavoz adjunto del PP, Juanjo Pérez Macián, firma la alegación más extensa del grupo municipal popular, en la que repasa la historia de la forma Castellón y en 38 folios defiende la necesidad de mantener la forma bilingüe. Vicente Vidal, de Ciudadanos, es el que firma las del grupo.
  • 17 alegaciones responden a otro modelo-tipo, en el que se apunta que no es obligatoria una denominación única. Entre otros, firman políticos populares como Carmen Amorós o Marta Gallén.
  • Las federaciones de vecinos que presiden Amalio Palacios, Francisco Cabañero y Vicky Amores, junto a la AAVV de Benadressa, utilizan otra plantilla, en la que insisten en la consulta.
  • El presidente de la AAVV Verge de Lledó, Miguel Ángel Guillamón hace una extensa argumentación para concluir que la normalización es «una prohibición de un nombre que se ha utilizado cinco siglos».
  • Hay una firmada en Bulgaria que pide anular el inicio del proceso. Y otras dos de particulares, curiosas, que alegan, literalmente: «Quiero poder vivir en Castellón de la Plana. Vull poder viure a Castelló de la Plana».

Tramitación

Tras el plazo de alegaciones, que terminó el jueves pasado, los técnicos estudiarán las presentadas y, previsiblemente, las llevarán al próximo pleno, el ordinario del 27 de septiembre. El siguiente paso será enviar el expediente a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que debe informar en el plazo de un mes, y después la tramitación pasará al Consell, que tiene la competencia de aprobar definitivamente Castelló. Para que entrara en vigor, faltaría la publicación del acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado.