La Diputación de Castellón tiene ya preparado el recurso por invasión de competencias contra los decretos de Coordinación de Turismo y Deportes aprobados por la Generalitat y que entraron en vigor este mes. Sin embargo, la institución provincial ha aparcado por el momento la vía judicial --concretamente apelar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV)-- ante el acercamiento de las posturas con el gobierno autonómico, que podría suavizar dichos decretos o incluso eliminar alguno de los puntos conflictivos.

Así lo explica el vicepresidente de la Diputación, Vicent Sales, que apela a la “voluntad” expresada desde la Generalitat de llegar a acuerdos en este tema, pese a que recuerda que “aún tenemos tiempo para presentar el recurso”. El gobierno provincial castellonense adopta de este modo una postura más dialogante en este tema que su homónimo alicantino, que ya ha anunciado que acudirá al TSJCV por invasión de competencias, tras aprobarlo en pleno.

Sales manifiesta que, en concreto, se está avanzando más para llegar a posturas comunes en materia turística. En este sentido, pone de relevancia que el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, forma parte también del Patronato Provincial, por lo que “aprueba y conoce todas las acciones que llevamos a cabo en esta materia; ya existe una coordinación”.

En todo caso, el vicepresidente advierte de que la Diputación tiene ya preparado el recurso contencioso-administrativo contra estos decretos para presentarlo ante el TSJCV --elaborado desde la secretaría general y los servicios jurídicos de la institución--, en el caso de que el Ejecutivo autonómico “no dé un paso atrás en esta iniciativa”. “Queremos que finalmente se imponga el sentido común”, indicó Sales.

UNA AMENAZA // Hay que recordar que los decretos que fijan las directrices de coordinación entre la Generalitat valenciana y las diputaciones de Castellón, Valencia y Alicante para el ejercicio de las funciones en materia de turismo y deporte prevén la creación de nuevos consejos de coordinación en estas áreas, que estarán integrados por seis representantes autonómicos y otros tantos de las instituciones provinciales.

Tras aprobarse a principios de marzo, tanto el PP como los representantes de la Diputaciones de Alicante y Castellón calificaron esta normativa de “decretazo” y acusaron al Consell, además de injerencia, de querer acabar con los gobiernos provinciales. Esto incluso provocó la celebración de una cumbre liderada por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. H