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balance del consejo general del poder judicial del pasado año

Castellón está a la cola en apertura de juicios por corrupción en el 2019

Solamente dos procedimientos de este tipo están activos en la provincia, según fuentes judiciales. Se abrieron seis juicios o procesamientos en los que acusaron a 42 personas en toda la Comunitat

 

Imagen de la Ciudad de la Justicia de Castellón, ubicada entre la ronda de circunvalación y el bulevar Blasco Ibáñez de la capital de la Plana. - FERNANDO GIMENO

P. A.
23/03/2020

La provincia de Castellón se encuentra a la cola en la apertura de juicio oral o de procesamiento por delitos de corrupción durante el año pasado. Si bien fueron seis los que se aperturaron en la Comunitat Valenciana, principalmente en el segundo trimestre del 2019, afectando de esta forma a un total de 42 personas, lo cierto es que en la provincia permanecen activos solamente dos de este tipo de casos. Según fuentes judiciales, estos serían el que afecta al ex vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, por un presunto delito de corrupción urbanística en su etapa como alcalde de la Vall d’Alba, y el que afecta al deportista Álex Debón por un tema de patrocinios. A nivel nacional, los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 42 de estos procedimientos contra 253 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. En total, los órganos judiciales dictaron 91 sentencias en todo el territorio nacional, según datos del balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A este respecto, la Comunitat Valenciana será el segundo territorio autonómico en el número de este tipo de procedimientos en el 2019, igualado con Cataluña --también con seis-- y por detrás de Andalucía, con ocho.

El repositorio donde se pueden consultar estos datos, que fue presentado en enero del 2017, permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores (acusados y/o procesados, procedimientos, sentencias dictadas, etc.), que se actualizan cada tres meses.

La información que se ofrece corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspira en la sociedad. De este modo, los procedimientos judiciales tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Del total de los 42 procedimientos a nivel nacional por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en el 2019, 12 corresponden al cuarto trimestre del año.

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