El gobierno municipal de Castellón, compuesto por el PSPV y Compromís, ha presentado una declaración institucional para instar a que se garantice la gestión pública del servicio 112.
Concretamente, esta iniciativa reclama la mejora de las condiciones laborales de los diferentes profesionales con el fin de eliminar la precariedad y, además, negociar con la Administración competente las mejoras sustanciales y específicas para recoger cada una de las particularidades de un servicio de atención de llamadas de emergencia.
De esta forma, el consistorio se hace eco de las reivindicaciones de las diferentes organizaciones sindicales, que consideran que la liberalización de la prestación de una actividad tan importante como atender telefónicamente a las urgencias, que, recuerdan, debe ser una tarea esencial.
El gobierno municipal también señaló que este trabajo no puede ni debe comportar intrínsecamente la disminución de los derechos y garantías para todos los usuarios, tal y como puede darse en este caso. Además, ha anunciado que esta declaración institucional se analizará hoy en la Junta de Portavoces.
El debate sobre el modelo de gestión del 112 pretende recuperar el protagonismo de lo público como generador de eficacia y bienestar para el conjunto de la ciudadanía. El número de teléfono de emergencias nació en la Comunitat Valenciana en el año 1999. Desde su creación, este servicio lo han prestado empresas privadas del sector de contact center (telemarketing).
Cabe recordar que en el 2013 se tomó la decisión de eliminar el servicio de telefonía del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de Castellón, lo que provocó que se centralizaran todas las llamadas en el número 112, más conocido por la mayoría de los ciudadanos y con sede en Valencia. H
