Frente común para exigir al Ministerio de Justicia y a la Conselleria de Gabriela Bravo un plan de choque de urgencia para desatascar los juzgados de Castellón.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Martínez Moya; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV), Pilar de la Oliva, y el presidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Marco, se reunieron ayer con jueces, fiscales, abogados y procuradores de toda la provincia para abordar las acuciantes necesidades de la justicia castellonense, una situación que viene denunciando Mediterráneo.
La falta de juzgados y medios personales centraron las propuestas de los profesionales, que pusieron de relieve el colapso que sufre, muy especialmente, el área de Penal, donde la gran carga de trabajo dilata la resolución de asuntos. Martínez Moya, miembro de la comisión permanente del CGPJ y vocal delegado para la Comunitat, explicó que, con las peticiones de la comunidad jurídica de Castellón, elaborarán un escrito que enviarán a la Generalitat y a Madrid.
A la falta de órganos y personal, se suman las continuas incidencias del sistema de tramitación telemática, que obligaron en julio a la Generalitat a permitir la vuelta al papel en la Audiencia Provincial (no así en el resto de juzgados). Unos fallos que causan graves retrasos en la tarea diaria de abogados y procuradores.
Estos últimos, precisamente, han exigido la paralización del sistema LexNet hasta que se solucionen todos sus problemas.
Cabe recordar que, aunque el Ministerio estudia crear dos juzgados, los jueces reivindicaron en su última memoria anual del 2016 la puesta en marcha de hasta siete para que la justicia vaya a un ritmo aceptable.
