El Ayuntamiento de Castellón ha adjudicado una operación de tesorería con Caixabank, por valor de siete millones de euros, en la que la entidad financiera se compromete a «no realizar desalojos derivados de los procedimientos hipotecarios que determinen directamente la pérdida de la vivienda habitual de las personas que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social».

Es la primera vez que se tienen en cuenta criterios de carácter social, además de valorarse las condiciones económicas más ventajosas. «Se ha valorado al 50%», dijo la portavoz municipal, Verònica Ruiz, tras la junta de gobierno que aprobó la operación.

Respecto al destino de la cuantía solicitada, Ruiz explicó que «no tiene un fin concreto, sino para disponer de crédito».

En la junta de gobierno también se aprobó destinar 5,4 millones de euros del superávit del año pasado, a amortización de deuda, lo que permitirá pagar menos intereses. Con ello, la portavoz del gobierno avanzó que esperan cerrar el año «con unos 60 millones de euros de deuda, un poco más del 40%». Unos valores que califica «de positivos», teniendo en cuenta que el ratio de endeudamiento permitido por ley es hasta de un 110%.

SUPERÁVIT // El resto del remanente del 2015, que ascendía a un total de 22,6 millones -el más cuantioso de la historia-, se ha destinado a hacer frente al pago de obligaciones pendientes y créditos comprometidos para inversiones financieramente sostenibles del 2014 (3,1 millones); para tener un colchón financiero, rebajar el periodo medio de pago a proveedores y reducir el dinero que se pide a los bancos (5,3 millones); y para inversiones financieramente sostenibles (los 8,7 millones restantes). H