El 2018 fue un año con un desequilibrio récord en las cuentas de la Seguridad Social y en este 2019 todo apunta a que volverá a suceder lo mismo. En agosto, la deuda superó por primera vez los 50.000 millones de euros y solo en los tres últimos años el pasivo ha crecido en algo más de 34.000 millones. Y la culpa, aseguran todos los expertos, la tienen los préstamos que ha tenido que inyectar el Estado para garantizar el pago de las pensiones.

En España las pensiones se financian con las cotizaciones sociales, pero también con aportaciones procedentes de los impuestos generales (los complementos a mínimos) y últimamente, con deuda pública. El sistema de pensiones es de caja única y reparto, es decir, que los ingresos y gastos están centralizados en un organismo nacional que permite atender por igual, con independencia del lugar de residencia, a todos los pensionistas del Estado en base a un mecanismo de solidaridad interterritorial que hace que los superávits de ciertas comunidades se empleen en garantizar los derechos de los territorios deficitarios. De no ser así, si dependiera única y exclusivamente de sus cotizaciones, Castellón no podría asumir en la actual situación su factura de jubilaciones. Y no es la única. Tampoco podrían hacerlo Valencia, Alicante, Barcelona, Gipuzkoa, Soria o Málaga. De hecho, solo Madrid, Murcia, Baleares y Canarias se bastarían por ellas mismas y no necesitarían recurrir a esa caja única.

Si este sistema, Castellón no podría pagar a sus pensionistas y no podría hacerlo porque sus ingresos vía cotizaciones sociales son insuficientes. Y eso que la mejora del empleo se nota y cada vez la Seguridad Social recauda más dinero. Pero aún así, la brecha entre gastos e ingresos no remite y este año (datos hasta el mes de agosto) el agujero ya supera los 315 millones de euros, un 1,5% más que el año pasado, es decir, siete veces más que el presupuesto de una ciudad como Vila-real.

EN NÚMEROS ROJOS // El reflejo de esta brecha se plasma en unas cuentas en números rojos En Castellón, y durante los ocho primeros meses de este año, solo el coste de las pensiones contributivas ha ascendido a 972,9 millones de euros, mientras que los ingresos procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social se han quedado en 657,9 millones. Es decir, arrojan un déficit de 315 millones. Si en esos datos se incluyen todas las prestaciones (bajas laborales, maternidad y paternidad...) el agujero aumenta hasta los 345 millones, según la última estadísticas de la Seguridad Social.

El desfase entre ingresos y gastos continúa y hay dos motivos que lo explican. El primero tiene que ver con el envejecimiento de la población y la mejora de las pensiones. El segundo con la calidad del empleo que se crea. O mejor dicho, con la mala calidad. Porque pese a que en Castellón cada vez hay más personas que trabajan y, por lo tanto cotizan, la combinación de unos salarios todavía bajos, un alto porcentaje de empleo a tiempo parcial, y cada vez más bonificaciones a la contratación a través de rebajas en las cuotas, provocan que el alza de ingresos todavía sea insuficiente para pagar las pensiones.

Las cotizaciones son insuficientes y el gasto en pensiones no para de crecer. Un ejemplo basta para entenderlo. Abonar la paga de las 131. 949 personas que en la provincia cobran una pensión supone un gasto medio de 108,1 millones al mes. El año pasado la cifra era de 101.9 millones.

Para tapar el agujero los expertos creen que la solución es más empleo. De hecho, para poder afrontar el futuro con garantías es preciso que por cada pensionista haya, al menos 2,5 afiliados. En Castellón la realidad se aleja bastante, con 1,78 trabajadores por pensionista.