El gobierno local del Ayuntamiento de Castellón ha solicitado un informe a los servicios de asesoría jurídica municipales en el que se estudie qué consecuencias legales puede tener una posible sentencia judicial que condene a empresas que tienen concesiones o adjudicaciones con el consistorio. El objetivo es saber hasta qué punto se puede restringir la contratación con dichas empresas, dentro de los límites que marca la legalidad.
Este no es el primer paso que da el gobierno municipal en este sentido, ya que, tal y como se recoge en el Pacte del Grau, desde la Concejalía de Modernización y Transparencia se está impulsando la redacción de un código ético y de conducta en el que, entre otras medidas, se está estudiando la introducción de nuevas cláusulas como causas de extinción del contrato con la administración como la condena mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, integración de grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de partidos políticos, corrupción, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales, entre otros. Así mismo, en el pleno de abril, todos los grupos políticos, con la abstención del PP, votaron a favor de una moción que declara Castellón «libre de paraísos fiscales».
