Comienza un nuevo año judicial en la provincia que se inicia en septiembre con las reivindicaciones de más medios personales, materiales y la necesidad de crear nuevos órganos que alivien la carga de trabajo que soporta Castellón. La justicia vuelve a ponerse en marcha tras el parón de agosto en un contexto de rifirrafe político entre la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, tras el anuncio de esta última de abrir comisarías especializadas en violencia de género en las sedes judiciales.
La Generalitat anunció hace un mes la inversión de 200 millones de euros en la construcción y rehabilitación de los juzgados de la Comunitat hasta 2021. Un presupuesto del que Castellón solo se llevará el 1,34%, pues las aportaciones para la provincia se reducen a 2,68 millones de euros (1,68 para Vinaròs y uno para Nules).
En esta última localidad está prevista la obra de ampliación más importante y es que, pese a que el Ministerio autorizó el tan reclamado Juzgado de Instrucción número 5 a finales del 2017, el edificio se había quedado pequeño para albergarlo.
Jueces, fiscales, abogados, letrados de la Administración, procuradores y funcionarios de Conselleria reclaman, asimismo, más personal en sus distintas áreas, medios técnicos y mejoras en las sedes y sistemas informáticos. Las responsabilidades son compartidas entre el Ministerio de Justicia --encargado de autorizar la creación de nuevos juzgados y destinar más magistrados-- y la Conselleria --responsable de los edificios judiciales y del personal de Justicia, tales como auxilios judiciales, tramitadores o gestores--.
BALANCE
Los jueces reclaman no uno, ni dos, sino hasta siete nuevos juzgados: cinco en Castellón, uno en Nules y otro en Vinaròs. En un contexto general de sobrecarga, el presidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Marco, destaca como especialmente delicada la situación de Civil, que sufre una «mayor litigiosidad por la crisis y los pleitos por los productos bancarios».
