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acuerdos de la junta de gobierno local municipal

Castellón legaliza y deriva a Sanidad el gasto que asumía de ambulatorios

La Generalitat pagará desde ahora 29.700 euros anuales para seis consultorios. Ruiz asegura que hace años que el consistorio pagaba luz, agua y limpieza

 

La portavoz del equipo de gobierno de Castellón, Verònica Ruiz. - MEDITERRÁNEO

ESTEFANIA MOLINER
08/04/2017

L a junta de gobierno local de Castellón ratificó ayer el convenio de colaboración suscrito entre la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y el Ayuntamiento de Castellón por el que la Administración autonómica se hará cargo de los gastos corrientes de seis ambulatorios de la ciudad que, a falta de un convenio, venía asumiendo el consistorio. Así lo dio a conocer ayer la portavoz del equipo de gobierno, Verònica Ruiz, explicando que hay casos que no hay convenio desde 2009. Estos consultorios son los situados en Benadresa (Cuadra Breva, s/n), en el grupo Reyes (calle Maestro Guerrero s/n), en la carretera de l’Alcora, en la Marjaleria, en Raval Universitat (Paseo Universidad 27-29) y en San Lorenzo (calle Tossal del Rei, 7).

Conforme a este acuerdo, la Generalitat pagará un importe total anual de 29.792 euros, cuyo libramiento se efectuará en pagos trimestrales desde 2017 a 2020. Una cuantía que se destinará a satisfacer los gastos de funcionamiento de los seis locales destinados a consultorios ambulatorios, en concreto los relativos a suministro eléctrico y agua, así como al mantenimiento y limpieza, ascendiendo el desembolso como media estimada a 4.460 euros por consultorio y año, que hasta ahora estaban asumiendo las arcas municipales, pese a que la competencia es de Sanidad.

Por todo ello, Ruiz fue crítica en este punto, manifestando que esta situación que arrastran del gobierno anterior era «alegal».

En la junta de gobierno local de ayer también se aprobó un reconocimiento de facturas por más de 488.800 euros y se dio vía libre a que el Ayuntamiento asumiera la finalización de las obras de urbanización de la 36 UR, entre Salera y Crèmor, que estaban adjudicadas a la ya disuelta Gumsa.

EXPROPIACIONES // Por otra parte, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Castellón también acordó devolver un total de 29.593,27 euros (a razón de 15,84 euros por metro cuadrado), a los propietarios de terrenos expropiados para las obras de encauzamiento del barranco de Fraga. Es la diferencia entre el precio que pagó en su día el consistorio y el que ha fijado el Juzgado Provincial de Expropiación Forzosa, al que recurrieron algunos propietarios de suelo que no estaban de acuerdo con el precio que se les pagó en el año 2014.