El Ayuntamiento de Castellón y Cajamar han firmado un convenio de colaboración por el cual la entidad bancaria facilitará el acceso a viviendas vacías de su propiedad en régimen de alquiler a personas en riesgo de exclusión. Los inmuebles, alrededor de una decena, tendrán un arrendamiento máximo de 100 euros y corresponderán a las familias que han solicitado ayuda a los servicios sociales municipales y que cumplen con los criterios requeridos por el gobierno local.

El convenio --primero que se firma entre un banco y el Ayuntamiento en este sentido--, fue presentado por el vicealcalde y portavoz del gobierno, Enric Nomdedéu, acompañado de la concejala de Vivienda, Ali Brancal, que reveló que existen “contactos con otros bancos”, pero que aún no han fructificado.

El acuerdo establece que la entidad bancaria reserve una serie de viviendas para ponerlas a disposición de las familias incluidas en el listado que servicios sociales elabora para el acceso a una vivienda social. En la actualidad, explicó Brancal, en dicha lista hay 127 solicitudes. Sin embargo, únicamente 16 han presentado toda la documentación y ha sido validada por los técnicos, por lo que entre estas familias se elegirá a los ocupantes de las viviendas.

El contrato de arrendamiento se realizará entre la entidad financiera y las familias, de manera que el Ayuntamiento realizará la función de mediador.

SIN GASTO MUNICIPAL // Los ediles destacaron que es la primera vez que el alquiler reducido variará en función de la disponibilidad económica de las familias; y añadieron que Cajamar está negociando para evitar el desahucio de 16 familias de pisos de su propiedad. Además, el convenio no recoge ninguna contraprestación económica por parte del consistorio con la entidad financiera, sino que serán los beneficiarios de las viviendas los que pagarán el alquiler directamente al banco.

Además, el Ayuntamiento se ha comprometido a incluir cláusulas de carácter social en las futuras relaciones con entidades financieras, las cuales serán requisito en la contratación. “Esperemos que otras entidades se animen a seguir el ejemplo”, señaló Brancal. H