La lucha de Liliana Petrisor es como la de muchas mujeres que deben luchar solas por el futuro de sus familias. En el caso de esta vecina de Castelló, la pelea se complica un poco más, ya no solo por la complicada situación económica y laboral provocada por la pandemia de covid, sino también por las necesidades especiales que precisa su hijo Daniel, de 12 años, con síndrome de Down, uno de los alumnos del Centro de Atención Temprana de la Avenida l'Alcora de la capital de la Plana, rutina que en el caso de Daniel se acompaña de visitas habituales a un logopeda.
Para su sorpresa, Liliana se ha encontrado este año con que el Ministerio de Educación y Formación Profesional le ha denegado la beca a Daniel, según la carta remitida por el Ministerio, y que acompaña esta información, por "superar los umbrales de patrimonio que obran en poder de la Administración Tributaria".
Liliana no sale de su asombro, dado que su actual situación personal dista mucho de la de una persona que no necesita una beca pública que ayude a la formación y desarrollo de un niño con necesidades especiales. "Estoy divorciada, no tengo trabajo y no tengo propiedades. No sé en qué situación tengo que estar para que me den una ayuda, No lo entiendo", lamenta la mujer, que pese a sus protestas ante la administración y ante el centro en el que estudia Daniel, no ha encontrado respuestas lógicas a la denegación de la beca, que "asciende a unos 1.500 euros", explica.
"Ni siquiera nos han dado la beca de comedor, de 85 euros mensuales", sigue en su explicación Liliana, que actualmente se ha quedado en el paro --"solo me corresponden cuatro meses de prestación", aclara--, pero cuando solicitó la beca tenía un sueldo que no llegaba a los 800 euros, ingresos que complementaba con la pequeña pensión de su hijo Daniel, "de 153 euros", añade.
Víctima de violencia machista
El 2021 no ha empezado de la mejor manera para Liliana Petrisor, que llevaba tras de sí una larga historia de episodios de violencia machista a los que puso fin de manera definitiva a principios de enero, con el divorcio de su marido, ahora en Rumanía. El juez impuso una pensión alimenticia de 150 euros mensuales al padre de Daniel, que "nunca se ha hecho efectiva", denuncia Liliana.
En busca de trabajo
La pasada semana Liliana perdió el empleo de limpieza, labor que ha desempeñado desde su llegada a Castelló, que le ayudaba a sacar adelante su casa y hacer frente a las facturas de la vivienda y de las necesidades de Daniel, "como la Fundación y el logopeda". "No arrojo la toalla por mi hijo", dice entre sollozos Liliana, que necesita "cuanto antes" un trabajo. El 29 de marzo tiene cita en el SEPE, una de sus últimas esperanzas, aunque no pierde la fe de que pueda llegar antes de esa fecha alguna oferta laboral que le ayude a "tirar hacia adelante".
