El gobierno municipal de Castellón pretende que el pleno municipal del 21 de diciembre apruebe una declaración institucional con una batería de medidas sobre protección de los consumidores de energía eléctrica. Entre las propuestas que se quieren trasladar al Gobierno central está la de incluir en los presupuestos generales del Estado una partida económica suficiente para sufragar ayudas a los denominados consumidores vulnerables. «Una de las primeras acciones sociales de este gobierno municipal, nada más constituirse el Ayuntamiento en 2015, fue articular medidas para hacer frente a la pobreza energética», recuerda la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco. En ese sentido, se firmaron acuerdos con las suministradoras de luz, gas y agua que operan en la ciudad para evitar el corte del servicio por un impago. De forma paralela, se amplió la consignación municipal para costear los recibos de las familias sin recursos para pagar a las proveedoras.

La iniciativa presentada ahora por el equipo de gobierno --PSPV y Compromís-- propone dotar de fondos a la norma que impide el corte del suministro de energía a consumidores sin recursos. Además, se pide reforzar las prestaciones básicas de los servicios sociales para consolidar las políticas solidarias que atiendan a quienes no pueden afrontar el pago de la factura eléctrica.

Un real decreto aprobado el 6 de octubre regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y una serie de medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Se considera que un consumidor es vulnerable cuando la unidad familiar tiene unos ingresos mensuales por debajo del llamado Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

MEDIDAS // El decreto aprobado por el Gobierno central deja el coste económico de las medidas en manos de los ayuntamientos y las comunidades. La norma para evitar el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten esa situación de vulnerabilidad severa tampoco gusta por otras razones. Una de ellas es que discrimina positivamente algunas circunstancias, como es el caso de las familias numerosas, con independencia de sus ingresos, mientras que otras situaciones, más castigadas en la actualidad (monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta.