En los primeros compases del 2017, sin perder tiempo. El Ayuntamiento de Castellón ha dejado pasar apenas tres días del año para reclamar al Gobierno la revisión catastral que permita ajustar los valores de los inmuebles de los castellonenses a la realidad económica actual. Así, ha enviado una carta a la Gerencia Territorial del Catastro solicitándole que inicie esta revisión.

La alcaldesa, Amparo Marco, justifica esta demanda «porque los valores catastrales del 2012, al estar sobrevalorados en muchos casos, crean situaciones de auténtica injusticia e insolidaridad tributaria». En la misma línea, insistió en que la revisión de valores catastrales realizada en 2012 ha elevado de forma sustancial la cuantía del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de manera que inmuebles que han visto devaluado su valor por la crisis están pagando impuestos acordes a los valores anteriores a la crisis. «Desde el gobierno municipal siempre hemos defendido que era necesario pedir al Ministerio de Hacienda una nueva ponencia catastral para corregir este desajuste. Y es la primera medida que hemos tomado en 2017», apuntó la alcaldesa.

La Ley del Catastro Inmobiliario recoge en su artículo 28 que la revisión de la potencia de valores no se puede iniciar hasta transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del anterior procedimiento, por lo que había que esperar al 2017 para solicitarlo. «En consecuencia, inmediatamente cumplidos los cinco años de condición legal y cumpliendo mis compromisos con la ciudadanía de Castellón de la Plana, le solicito para que dicte orden de iniciar los trabajos necesarios para la obtención, en el plazo más breve posible, de una nueva ponencia de valores que permita obtener unos valores catastrales más justos con la realidad económica e inmobiliaria, y que los habitantes de esta ciudad merecen», según recoge la carta de Marco.

REVISIÓN FISCAL // Por último, recordó que «mientras tanto, nuestra prioridad es que la ciudadanía no tenga que incrementar más el esfuerzo fiscal y para ello hemos aprobado una revisión fiscal que contempla la reducción del gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles a las familias en un 5%, pasando del 0,7875% al 0,7475%, el más bajo desde 2007».

Con esta decisión, según apuntó en su día el concejal de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, se evitará un aumento de dos millones en la carga fiscal.