Los vecinos de Castellón pagarán menos IBI y la misma tasa de basuras en 2019, respecto a los recibos cargados este año. La junta de gobierno, reunida ayer en sesión extraordinaria, aprobó de forma provisional la modificación de cinco ordenanzas fiscales, que prevén llevar al pleno de la próxima semana. Una es la reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuyo tipo impositivo se mantiene en el 0,69% (el del tipo general) y la rebaja se aplicará a través de una nueva reducción de los valores catastrales por parte del Ministerio de Hacienda, que baja en un 9,3%. En el caso del IBI rústico, no se modifica y se mantiene en el 0,60%.
En la junta también se abordó la modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en el que aplica una bonificación por creación de empleo indefinido.
En cuanto al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), para incentivar el uso de carburantes no contaminantes encaminado a mejora la calidad ambiental de la ciudad, se aplicará una bonificación del 75% a los vehículos que cuenten con el adhesivo identificador Cero emisiones y una del 75% a aquellos que tengan la etiqueta ECO.
La tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, más conocida como la tasa de vados, también se modifica a raíz de la nueva ordenanza municipal que los regula. Como ya avanzó ayer este periódico, se fija una tarifa para el nuevo vado horario, que es de 132 euros anuales, mientras se mantienen los 330 euros del vado permanente.
La quinta ordenanza fiscal que trató la junta de gobierno es la relativa a las tasas de exámenes para participar en los procesos selectivos de la administración local, que se reducen en un 40%, con el objetivo de mejorar el acceso al empleo público.
No estuvo sobre la mesa la tasa de residuos, porque se mantendrá como en 2018, es decir, congelada. Se aplicará por tramos a las unidades fiscales de uso residencial, tomando como referencia el valor catastral de los inmuebles. Del mismo modo, se considerará la creación de un epígrafe diferenciado para las familias en situación de exclusión social. El Ayuntamiento asumirá la subida del coste del servicio.
