La legalización de apartamentos turísticos en la provincia acelera. En los cuatro primeros meses del año, sus propietarios han inscrito en el registro de la Agència Valenciana del Turisme 1.426 viviendas dedicadas al alquiler vacacional. Esto, además de que supone un acelerón respecto a las inscripciones de los ejercicios precedentes (el 2017 se cerró con 2.403 altas nuevas y el 2016 con 2.391), significa que las comarcas castellonenses aglutinan prácticamente una de cada cuatro nuevas inscripciones registradas en la Comunitat Valenciana.

Y es que en el territorio autonómico se han registrado en las listas de la AVT 6.010 nuevos apartamentos turísticos, con una clara preponderancia, como es lógico, de Alicante, que ha legalizado 3.856 inmuebles vacacionales. Valencia ha legalizado la mitad que Castellón: 728.

Así las cosas, en poco más de cuatro años en la provincia han salido a la luz prácticamente 9.000 apartamentos turísticos, que supuestamente antes operaban de forma opaca. De hecho, se calcula que los alquileres en negro suponían para la Agencia Tributaria la pérdida de 20 millones de euros en impuestos cada año, según ha publicado este diario. Y es que se estima que, en la provincia, todavía quedan unos 10.000 apartamentos clandestinos... y los pisos turísticos siguen creciendo, con un incremento del 30% en dos años, hasta suponer 12.936 pisos para el alquiler turístico en la provincia.

De ahí el interés de la AVT por combatir este fraude legal y esta competencia desleal para con quienes sí cumplen la ley. Esto va dando sus frutos y, a los 7.449 que a finales del 2017 se habían dado de alta en la provincia en cuatro años, se suman ahora los 1.426 de principios de este 2018.

HASTA 90.000 EUROS

Y se pretende seguir por la misma línea. Para ello, la entidad que dirige Francesc Colomer ha editado, con el Consejo general de Administradores de Fincas de la Comunitat, una guía que informa de las responsabilidades de los propietarios y de las multas a las que se exponen. En el caso de no registrar la vivienda como turística, la sanción puede llegar a 90.152 euros y la clausura durante 3 años. La guía también recoge las obligaciones ante la comunidad.