El nuevo modelo de financiación de las autonomías es el eje de las reivindicaciones en comunidades como la valenciana. A este debate se quieren unir las diputaciones, que también reclaman disponer de más recursos para gestionarlos en sus respectivos territorios. La Federación España de Municipios y Provincias (FEMP) reunió ayer a los responsables de estas administraciones para hacer frente común.
El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, defendió la necesidad de «hablarse de la financiación local», ya que los municipios «han hecho sus deberes y eso supone que tiene una cantidad de dinero que debe ser gastado en la mejora de condiciones de la ciudadanía». El plan de trabajo trazado en el encuentro cita la conveniencia de disponer de recursos económicos que garanticen «las competencias y actuaciones que realizan las entidades provinciales e insulares».
CAMBIOS / Martí aludió de forma especial a dos aspectos de la normativa vigente que afectan a los consistorios y diputaciones. Uno de ellos es la regla de gasto. «Hemos reivindicado que no siga siendo un obstáculo», detalló. Precisamente este jueves hay un pleno de la Diputación en el que debe aprobarse un plan económico financiero tras haberse roto, el pasado año, esta norma. De lo contrario, Castellón podría verse abocada a ser intervenida financieramente por el Gobierno.
La otra reclamación del presidente provincial tiene que ver con la tasa de reposición de empleados públicos. «No se puede contratar a las personas, lo que nos impide disponer de los recursos humanos que harían más ágil a la administración y que podrían dar más servicios a los ciudadanos», según remarcó.
Las conclusiones de la reunión también hicieron mención a la lucha contra la despoblación. Martí comentó que va a ser «uno de los ejes centrales de trabajo de la FEMP, que ya tiene una comisión que trata este tema», y recordó las medidas que ya se aplican en este sentido en Castellón.
