Castellón tendrá un nuevo juzgado de lo Social antes de que acabe el año para hacer frente al aluvión de ERTE y despidos derivados de la crisis sanitaria del coronavirus. Así lo anunció ayer la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo. La implantación de este nuevo órgano en la provincia (será el quinto juzgado de lo Social) está consensuada entre el Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Audiencia de Castellón, José Manuel Marco; y la jueza decana, Sofía Díaz.
La consellera explicó que el nuevo juzgado entrará en funcionamiento antes de que concluya el 2020 y que también lo harán otros dos órganos en Valencia y Alicante para agilizar las reclamaciones derivadas de la crisis internacional del covid-19.
El pasado 5 de junio el Ministerio comunicó a las comunidades autónomas con competencias en la materia la creación de 23 nuevas unidades judiciales en toda España para atender los asuntos derivados de la pandemia, en especial en las jurisdicciones de lo Social, lo Mercantil y lo Contencioso-Administrativo. En el caso de la Comunitat Valenciana, el Gobierno estableció la creación de dos nuevos juzgados de lo Mercantil en Valencia y Alicante. Sin embargo, tal y como detalló Bravo, desde la Generalitat consideraron que era «necesario mantener el equilibrio en las tres provincias dado el impacto que el coronavirus ha supuesto para la economía valenciana». Por ello, reforzarán «determinadas jurisdicciones como la Social y la Mercantil que se han visto afectadas por la paralización de todos los plazos procesales» y, en especial, ante la posibilidad del cierre de empresas y todo tipo de procesos «que van a tener que asumir los juzgados durante los próximos meses», indicó la consellera.
CARGA DE TRABAJO / De hecho, la jurisdicción de lo Mercantil en el partido judicial de Castellón tiene ya una carga de trabajo del 142% y el número de asuntos a 31 de marzo de este 2020 ascendía a 743. En el caso del partido judicial de Alicante, la carga de trabajo es superior (212%), mientras que en Valencia es del 259% con una elevada tasa de pendencia.
Con la puesta en marcha de los tres nuevos órganos pretenden agilizar la actividad judicial para contribuir a una rápida recuperación económica tras los efectos de la epidemia, que ha causado un atasco sin precedentes en la justicia valenciana.
