La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de Territorio, María José Salvador, denunció ayer que su antecesora en el cargo, Isabel Bonig, ocultó 1.100 solicitudes de ayudas a la vivienda, por un importe superior a los 60 millones de euros. De ellas, 105 corresponden a la provincia de Castellón, por una cantidad de 5.783.702,61 euros (2,2 millones de la parte que aporta el Ministerio y 3,4 millones de la autonómica).
Al respecto, Salvador explicó que “son expedientes que afectan a ciudadanos y promotores, destinados a ayudas a la rehabilitación, alquiler o compra de viviendas, sin resolver y escondidos en un cajón”.
La consellera, quien ayer se reunió con la Plataforma de Afectados por los Impagos a las Ayudas a la Vivienda, indicó que su departamento pidió un informe a al Abogacía de la Generalitat sobre los trámites a seguir para regularizar estas solicitudes, y les remitió a la Intervención General, que será la que determine la ruta a seguir para resolver los pagos.
Estos nuevos 60 millones de euros por el impago de ayudas a las viviendas, añadió, se suman a los 240 millones que reconoció la antigua consellera, y a los 40 millones de euros de las resoluciones 501. H
