Hasta que cumplió 82 años, María se las apañó para desenvolverse sin depender de nadie. Y lo hizo en la misma casa de Castellón que compartió con su marido hasta que enviudó. Salía a comprar, daba paseos con las vecinas... hasta que una fractura de cadera convirtió su rutina diaria en cosa del pasado. En un abrir y cerrar de ojos en la vida de María irrumpió la dependencia y, aunque entre sus hijos no faltó voluntad para cuidarla, al final la mejor opción fue buscar una residencia. ¿El primer problema? La falta de plazas libres tanto en los centros públicos de Castellón como en los privados. El segundo de los inconvenientes fue el coste: unos 1.700 euros al mes en un geriátrico privado, una cantidad que baja a entre 500 y 600 euros mensuales si es concertada.

Castellón cuenta con 38 residencias de ancianos, de las que solo 12 son de titularidad pública (7 dependen de la Generalitat Valenciana y 5 son municipales). El resto son centros privados o privados con camas concertadas, según datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. En total, 3.069 plazas, lo que sobre el número de personas mayores de 65 años (más de 107.000 en la provincia) supone una tasa de cobertura de 2,8 plazas por cada cien mayores, una cifra mucho menor que la media española (4,30 plazas por cada diez mayores) y, por supuesto, muchísimo más baja que las 5 que recomienda la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Para llegar a ese porcentaje, y sin tener en cuenta que la población de la tercera edad aumentará, Castellón necesitaría al menos otras 2.400 plazas. «En la Comunitat Valenciana serían unas 12.000, con lo que teniendo en cuenta que una residencia tarda entre dos y tres años en construirse, evidencia que existe un grave problema de capacidad», asegura José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte).

203 USUARIOS EN LISTA DE ESPERA

De las 3.069 plazas en residencias con las que cuenta la provincia, 665 son de la Conselleria, otras 285 son municipales y 1.321 son concertadas (en la convocatoria para las plazas concertadas en 2018 la Generalitat ha fijado un precio de referencia de 53,3 euros por plaza y día). En los centros públicos y concertados el usuario paga una parte del coste con su pensión (se les deja 210 euros para gastos personales y las dos pagas extra) y el resto, hasta alcanzar el precio de la plaza, lo pone la administración. O dicho de otra manera: el usuario paga una media de 643 euros, teniendo en cuenta que la pensión media en la provincia asciende a 853,90 euros al mes.

El problema es que encontrar una habitación libre en una residencia pública o concertada es tarea complicada. Y cada día más. Igualdad reconoce una lista de espera en la provincia de 203 personas. «Se trata de una cifra que puede sufrir variaciones cada mes en función de las solicitudes de dependencia, tanto en el caso de las nuevas como en las revisiones», matizan desde el departamento que dirige Mónica Oltra.

Las listas de espera son abultadas y en los últimos años la inversión pública en nuevos centros ha sido prácticamente nula. El último centro municipal que se inauguró en la provincia fue la residencia de Vilafranca, en febrero del 2016, aunque su gestión es indirecta (depende de la Fundación Gerón), mientras que el Consell no abre un centro nuevo en la provincia desde hace más de una década. Y eso pese a las constantes promesas de nuevas residencias. Un ejemplo. En 2016, y tras una reunión con la alcaldesa Amparo Marco, la consellera Mónica Oltra anunció la construcción de una nueva residencia pública en la capital (ahora existen dos asilos) aunque de aquel proyecto nunca se ha sabido nada más.

FALTA PERSONAL EN LOS CENTROS PÚBLICOS

Los geriátricos públicos anunciados no llegan y en los que existen desde hace años los problemas crecen y crecen. Falta personal y eso está llevando a los trabajadores de los centros de Burriana y Castellón a salir a calle semana sí y semana también, reivindicando unas mejores condiciones laborales y una mayor atención para los usuarios. Esta misma semana se han vuelto a manifestar en Valenciana y han anunciado que no pararán hasta que la Conselleria les dé una solución.

Si en las residencias públicas hay lista de espera y problemas de personal, los centros privados, que en la provincia cuentan con 789 plazas, también rozan la plena ocupación. «Hoy por hoy el nivel es superior al 90%, incluso hay centros donde la demanda es superior a la oferta», explica José María Toro, presidente de Aerte.

Que el de las residencias de ancianos es un sector en claro crecimiento es algo que también confirman en todos los centros consultados. «Estamos al cien por cien y la demanda es cada vez más alta dado que la población está envejeciendo y, lógicamente, las necesidades asistenciales son cada vez más altas», coinciden los directores de dos residencias de la provincia.

La demanda residencial va a más y eso que no es la opción más solicitadas por las personas que se encuentran en una situación de dependencia. Algo más de los beneficiarios de Castellón apuestan por una prestación económica, la mayoría subvenciones al cuidador familiar no profesional. El segundo servicio más demandado es la ayuda vinculada a una prestación de servicio. Las residencias son la opción más común y le siguen los centros de día y la teleasistencia. H