Solo una de cada 100 quejas que llegan al síndic de Greuges, el defensor del pueblo de la Comunitat Valenciana, procede de Castellón, una provincia que ha visto cómo esta desafección ante este alto comisionado de Les Corts ha ido a más a lo largo de los últimos siete años hasta alcanzar la cifra de 235 expedientes, según el balance anual presentado ayer el titular de esta institución en la Cámara autonómica, correspondiente al ejercicio 2017.

En este cómputo estadístico Castellón se sitúa muy lejos de los números que ofrece Alicante, que con 10.863 (un 61,9% del total) es con diferencia la provincia más activa a la hora de plantear reclamaciones, seguida de Valencia, con 6.241 denuncias y un 35,5% de las quejas.

Pese a los contados reproches que muestran los castellonenses sobre la actividad en las diferentes las Administraciones públicas de la Comunitat, hay áreas que acaparan estas quejas y que encabezan aquellas que tienen que ver, sobre todo, con el empleo público, la educación, la atención a la dependencia y, en menor medida, el urbanismo y la sanidad, según se desprende del balance anual presentado ayer por el síndic de Greuges en Les Corts, José Cholbi, quien, tal como es preceptivo cada año, hizo entrega del informe al presidente del Parlamento autonómico valenciano, Enric Morera.

Si bien el número de quejas castellonenses a lo largo del 2017 subió en 29 con respecto al ejercicio precedente, su porcentaje con respecto al total de expedientes no ha parado de caer en los últimos años. De este modo, las reclamaciones de los castellonenses han pasado de representar el 26% en el 2012 a poco más del 1,3% a lo largo del pasado año, prácticamente la misma cantidad de comunicaciones que llegan al síndic procedentes de otras provincias de fuera de la Comunitat.

Durante el 2017, la institución tramitó 17.544 expedientes de quejas (39 de ellas de oficio) y dictó 6.476 resoluciones, de las que se han aceptado el 92,3%.

POR ÁREAS

En cuanto al conjunto de la Comunitat Valenciana y por áreas, prácticamente la mitad de los problemas investigados por el síndic se refieren a la prestación de servicios públicos básicos, como la educación, con 6.661 quejas, de las que 5.765 fueron acciones colectivas por la supresión de unidades concertadas de Bachillerato y 618 quejas por el nuevo modelo de plurilingüismo. Por contra, el número de expedientes abiertos dentro del ámbito de la enseñanza fue de 29 en Castellón, solo una más de las que se dieron en materias como la atención a la dependencia, centrados especialmente en el retraso «desmedido», según las propias palabras del síndic de Greuges, a la hora de resolver los diferentes procedimientos.

En cuanto a las quejas relacionadas con el medio ambiente en la Comunitat, se tramitaron 2.891 expedientes, de los que solo 24 correspondían a la provincia de Castellón; en sanidad hubo 2.290 denuncias, y apenas siete tenían que ver con la provincia, según expone el balance anual de este alto comisionado valenciano.

LA VIVIENDA, MUY PRESENTE

En el resto de áreas, la oficina que dirige José Cholbi, además de conocer las 13 quejas que los castellonenses elevaron en este periodo ante el defensor del Pueblo nacional, también registró un total de 8 reclamaciones emitidas por residentes en la provincia en materia de tráfico o las 13 que se referían a Hacienda, según consta en el balance de la institución.

Por otra parte, la vivienda continúa ocupando una parte importante de la preocupación de los ciudadanos. En este sentido, el síndic recuerda que se trata de una queja que surgió con fuerza en los peores años de la crisis. En esta relación de expedientes también se dan algunos casos relativos a la aplicación de determinados beneficios fiscales y el alto comisionado de Les Corts pone como ejemplo un problema surgido en el municipio de Almassora, con un vecino que pedía bonificaciones por familia numerosa y tener una minusvalía del 33% y cuya situación está todavía pendiente de resolverse.

Otro de los episodios que se refieren a este tipo de situaciones se da en la bolsa de trabajo para ocupar un puesto en la Mancomunitat de la Plana Alta, además de otras situaciones que el síndic considera pueden venir motivadas por situaciones de dicriminación, como cree que sucede en algunas condiciones retributivas o laborales a funcionarios interinos, según expone el órgano consultivo de Les Corts.