Hace tres años, cuando el Ministerio de Hacienda inició un plan de regularización para detectar bienes inmuebles ocultos por toda España, el Catastro calculó la existencia de unos 30.000 inmuebles fantasma en Castellón. Se quedó corto. La realidad ha superado esa primera cifra inicial y desde el mes de junio del 2014, cuando empezaron las inspecciones, el Ministerio ha descubierto 29.576 bienes sin declarar en 84 municipios de la provincia. Lo llamativo es que todavía quedan por inspeccionar 51 localidades por lo que lo más probable es que la cifra final supere incluso los 45.000 bienes ocultos.
Entre el abanico de modalidades de fraude descubiertas en los últimos tres años por el Catastro en localidades como Castellón, Vila-real, Burriana o Benicàssim destacan las nuevas construcciones, como puede ser levantar una casa o un almacén de nueva planta, que representan un 45% del total. Se trata de los fraudes de mayor calado y también los más numerosos. Le siguen, según los datos del Ministerio de Hacienda, las reformas y cambios de uso (cerramiento de una terraza, recuperación de una casa antigua…), que suponen otro 28%; mientras, el 24% de las irregularidades detectadas se deben a ampliaciones y rehabilitaciones de inmuebles cuya zona principal sí se encontraba registrada en el Catastro, y que suelen corresponder a actuaciones como añadir una planta a la vivienda o ganarle unos metros al patio para crear un jardín o una plaza de aparcamiento. El 5% restante lo conforman piscinas que no existían en el censo del organismo estatal.
La operativa para encontrar inmuebles ilegales es muy sencilla. El Catastro ha llevado a cabo su trabajo con fotos aéreas, en las que se han utilizado drones y satélites y otras herramientas, como Google Maps, así como visitas sobre el terreno. El organismo contrasta la información obtenida con documentación y datos de los propios ayuntamientos y, al detectar el fraude se le envía al contribuyente una carta para comunicarle el inicio de un proceso regularizador.
UNA TASA DE 60 EUROS //
El contribuyente tiene que abonar una tasa de 60 euros (desde el Catastro recalcan que no es una multa, sino un canon que se destina a financiar el plan) y ponerse al día en el pago del IBI: actualizar el recibo de acuerdo al valor actual de su vivienda y los tipos vigentes en su municipio y abonar los atrasos de los cuatro últimos años, ya que lo anterior se considera prescrito. El Ministerio de Hacienda asegura que en los 84 municipios de Castellón en los que la inspección catastral ya ha finalizado, el incremento medio del recibo del IBI ha sido del 1,91%.
Aunque en principio estaba previsto que el plan de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Catastro concluyese el pasado mes de noviembre, el departamento que dirige Cristóbal Montoro decidió en verano ampliar el plazo hasta julio del 2018. La minuciosidad y la complejidad de este control, unidas a la dispersión geográfica, hacían imposible cumplir con el calendario inicial. La prórroga afecta a 51 localidades entre las que destacan Albocàsser, Alcalà de Xivert, l’Alcora, Benicàssim, Càlig, Cervera del Maestre, Costur, Xodos, Forcall, la Llosa, Montanejos, Onda, la Pobla Tornesa, Sant Mateu, Vall d’Alba, Vilafamés, Vilafranca o Zucaina, por poner solo algunos ejemplos.
En julio, y si no hay nuevas prórrogas, se dará por completado un mapa que en el caso de la provincia empezó a elaborarse en junio del 2014. En total, y según Hacienda, se habrán revisado unos 700.000 inmuebles.
