Las cuatro empresas vinculadas al caso de los cursos de formación de la antigua patronal castellonense CEC se declaran insolventes. Una vez extinguida la actividad por la que recibían sus ingresos, y que les ha llevado a figurar en el proceso que investiga el supuesto desvío de 1,8 millones de euros concedidos a la CEC para la formación de trabajadores, las mercantiles Centro de Oficios la Vall SL; Centro de Estudios Informaster SL; Aplicaciones tratamientos y enseñanzas informáticas SL; y Restaurante el Palau de la Vall SL, han determinado su declaración de insolvencia a raíz del reciente procesamiento.
Fuentes de la antigua patronal castellonense incluso apuntan que alguna de ellas incluso reclama todavía dinero a la CEC en el proceso concursal que tiene abierto, aunque ninguna, como tal, aparece en el informe del administrador concursal presentado al Juzgado de lo Mercantil.
De esta manera, esta es una repercusión más de un caso cuya instrucción avanza y del que se está a la espera de la decisión del fiscal acerca de si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias, algo que debe solicitar después de que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Nules concluyese a principios de marzo su investigación por las presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para los planes de formación.
En base a este (y después de que en noviembre la Audiencia Provincial devolviese a Nules el primer auto de procesamiento) el juez ha acordado procesar a tres empresarios que gestionan las cuatro empresas antes citadas; al exsecretario general de la CEC, Rafael Montero; y a su director de Formación, José Antonio Espejo; así como al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, dependiente de la CEC; y a la extinta patronal autonómica Cierval.
Los delitos de los que les acusa el juez son falsedad documental, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
