Cinco cajas rurales de la provincia, las de l’Alcora, les Coves de Vinromà, Almassora, Betxí y Onda, han acordado proteger sus activos y a sus socios mediante su integración en un fondo común en el que también se integrarán otras cinco cajas de la Comunitat Valenciana, las de Orihuela (la más importante), Albal, l’Alcúdia, Algemesí y Caixa Popular; y 19 más de España.
Esta medida les permite continuar con su independencia (hasta ahora han rechazado entrar en todas las grandes integraciones, como Cajamar o Solventia, a la que sí ha entrado la Vall San Isidro) y garantizar sus fondos.
Lo hacen a través de un Mecanismo de Protección Institucional (MIP) de la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR), diferentes a los SIP que provocaron las fusiones frías años atrás que desembocaron en los grandes grupos cooperativos de crédito, que se llevaron por delante prácticamente todo el tejido cooperativista castellonense.
Ahora, con este sistema que en total ofrece una garantía de 300 millones de euros y que se prevé que entre en vigor en julio --una vez celebren las asambleas que ratifiquen esta decisión--, pretenden garantizarse su independencia para seguir ofreciendo sus activos a las poblaciones en las que están perfectamente asentadas.
Las únicas dos cajas que se mantienen al margen (y están fuera de los grandes grupos) son las de Benicarló y Vinaròs.
