Si no tenemos soluciones ya con medidas inmediatas estamos condenados a desaparecer». Así de tajante se muestra el presidente de la Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón (Fepac-Asaja), José Vicente Guinot, en cuanto a la situación «agónica» que vive el campo castellonense, en el que la citricultura tiene un peso fundamental. No hay que olvidar que el sector primario supone el 18% del producto interior bruto (PIB) de la provincia. Como informó ayer Mediterráneo, los datos refrendan la cruda realidad que viven los productores locales, que solo perciben entre un 12% y un 16% del precio que se abona en los comercios por sus naranjas. De media un agricultor recibe el 30%.

«Es necesario equilibrar la balanza, hay que frenar el monopolio del mercado, ya que cinco grandes cadenas europeas comercializan el 60% de la producción agraria», explica el secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris.

El sector primario ha dicho basta y las asociaciones agrarias se han juntado para hacer frente común delante de la administración y reclamar de forma urgente acciones que le permitan sobrevivir. La protesta ya está en la calle y el próximo 14 de febrero los agricultores de la provincia se darán cita en una manifestación y tractorada prevista en València.

El diagnóstico está claro y los efectos de la falta de rentabilidad que arrastra el sector también. La Comunitat Valenciana es líder a nivel nacional en superficie agraria abandonada, especialmente la provincia de Castellón, donde en solo un año la superficie citrícola ha pasado de 35.551 hectáreas a 35.062, según datos de la Conselleria de Agricultura. A esto se suma la falta de relevo generacional por el envejecimiento de los agricultores, ya casi cerca de los 62 años de media.

Donde ahora ponen el foco los colectivos agrarios es en las posibles soluciones para cambiar la tendencia. De ahí que reclamen precios justos y luchar contra la competencia desleal de países terceros. Para ello, plantean al Ministerio realizar una mayor presión en Bruselas, que es la encargada de dictar las políticas agrarias, para que en los acuerdos internacionales de comercio obligue a todos aquellos países, como Egipto, Sudáfrica o los situados en Sudamérica, a cumplir los mismos requisitos de calidad que se les exigen a ellos. «No puede ser que nosotros tengamos que seguir unas normativas estrictas para producir, con los costes que ello conlleva, y se permita la entrada en Europa de productos de otros mercados donde no se siguen estos condicionantes», explica el portavoz de la Unió.

precios // En cuanto a los precios, Peris apuesta por una ley europea que regule la cadena alimentaria, «ya que somos exportadores por naturaleza». «La normativa española no ha funcionado bien. En Francia por lo menos han establecido un precio mínimo de producción. Además, sería necesario crear una agencia en la UE que controlara y sancionara las prácticas abusivas», señala.

En este sentido, Guinot plantea la urgencia de fijar un control de los precios mínimos «para garantizar que no se vende a pérdidas como nos ha pasado aquí en Castellón con los cítricos». De ahí que se proponga la creación de un Observatorio de Precios.

Estas son varias de las medidas contempladas en un decálogo reivindicativo suscrito por todas las asociaciones agrarias. También se incluye la necesidad de disponer de un presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de los asegurados en el sistema de seguros agrarios, habilitar un fondo de crisis, de impulsar un plan de reconversión y reestructuración, así como la obligatoriedad de informar en las etiquetas sobre las diferencias normativas de los productos procedentes de otros países y una actualización del sistema fiscal agrario. Asimismo, reclaman una revisión del código penal para mejorar la lucha contra los robos en el campo y una ley de emergencia por daños de fauna en el campo.