La Diputación de Castellón está aumentando, según fuentes de la corporación, las cláusulas sociales en contratación pública como una nueva vía de participación ética y medioambiental. Para estas nuevas iniciativas ya se han destinado 1,5 millones de euros en la contratación de bienes y servicios éticos, como el de limpieza o el de rehabilitación de caminos rurales.
La diputada de Acción Social, Elena Vicente-Ruiz, ha explicado que “este tipo de iniciativas por parte de la Administración Pública aporta a la ciudadanía modelos de empresas más responsables”. El gobierno provincial exige a sus licitadores el cumplimiento de estándares sociales. H
