Las autoescuelas de la provincia reclaman más examinadores itinerantes para paliar el colapso en las listas de espera para la obtención del permiso de conducir, que en la actualidad suma 3.000 personas, según denuncia el presidente de la asociación provincial de autoescuelas, Antonio Pertegaz. Además, se concentrarán ante la Jefatura Provincial de Tráfico para protestar si la Administración no soluciona el problema, con examinadores itinerantes o como sea. También demandan que pongan delante a quienes no han podido examinarse, porque es un agravio comparativo. Desde Tráfico indican que no pueden facilitar cuántas personas hay ahora en espera, pero detallan que están examinando a los alumnos que tenían fecha el 26 de julio.

Los examinadores retomaron el 4 de septiembre los paros parciales, que empezaron en junio y julio, y anunciaron que seguirán en noviembre y diciembre para exigir a Tráfico una subida salarial, mejores condiciones laborales y un aumento de plantilla.

Menos alumnos // Las autoescuelas de Castellón denuncian los perjuicios que sufren, con un descenso de hasta el 40% en las matrículas. «A muchos alumnos, al estar presentados hace dos o tres meses, les llamas para reanudar las clases y no pueden o no tienen dinero, se han ido a otro sitio o están estudiando», manifiesta.

Pertegaz señala que hay de 10 a 15 examinadores que van por toda España, por las provincias donde hay mayor número de alumnos o bajas de personal. «Previo a la huelga tuvimos tres examinadores itinerantes que nos pusieron prácticamente al día antes de que empezara el conflico», señala. Desde la Jefatura Provincial indican que hay uno operativo.

Colapso hasta febrero

Según Pertegaz, en la actualidad hay ocho examinadores, pero dos están de baja, con lo que son seis. «Pero si hacen huelga en noviembre y diciembre, y teniendo en cuenta las vacaciones que les quedan por tomar, hasta febrero no se solucionaría el problema, lo que supone que gente a la que le adjudicamos el examen en mayo o junio que le solucionen el tema en febrero».

A juicio de Pertegaz, la Dirección General de Tráfico tiene en sus manos solventar el conflicto, ya que los examinadores están pidiendo 250 euros, que podrían incluirse en presupuestos del 2018 o como incentivos por productividad. «Una cantidad ridícula para el montante total que nos está afectando», concluyó.