El Colegio de Enfermeros de Castellón ha elevado al ministerio fiscal la documentación relativa al inminente inicio de la campaña de vacunación contra la gripe para que abra una investigación sobre la «incertidumbre» y «alarma social» que, según entiende, se genera a raíz de la implantación de la nueva norma legal sobre la prescripción médica. El órgano colegial, junto al resto de colegios de la Comunitat, se habían dirigido a la Conselleria para que estableciera un protocolo de actuación conjunto y evitar que el colectivo enfermero pudiera caer en alguna ilegalidad en la aplicación de las vacunas.

Un real decreto de octubre de 2015 regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamenntos por parte de los enfermeros, a los que desde entonces no se les permite vacunar sin la correspondiente indicación médica. Ante esta circunstancia y para tener la certeza de que su práctica profesional se ajusta a la legalidad, se dirigieron a Sanidad, que finalmente les ha respondido entendiendo que la orden de la autoridad sanitaria suple las exigencias del propio decreto. Ante la duda y con el fin de «velar por la profesión enfermera, por la indemnidad de sus colegiados y por el cumplimiento de las leyes sanitarias», el presidente del Colegio castellonense, Francisco Pareja, ha optado ahora por elevar el asunto a la Fiscalía junto a toda la documentación de la que se dispone.

INTERPRETAR LA LEY // Desde la entidad colegial se recuerda que las vacunas son medicamentos expresamente sujetos a prescripción médica, con lo que entiende que no es función del Colegio «interpretar la ley, sino cumplirla» y, si considera que el nuevo marco legal puede verse incumplido o alterado, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, según informa el Colegio de Enfermeros a través de un comunicado.

Para la entidad que preside Pareja hay dudas de que «las órdenes que ha transmitido la Conselleria y el cumplimiento de la legalidad vigente pueden llegar a ser contradictorias en casos concretos», a lo que añade que «pueden llegar a producir lesiones en las personas o daños en la integridad física, al administrar vacunas sin intervención facultativa de diagnóstico y prescripción individualizada», como explican a través de la nota.

La finalidad de poner este asunto en manos del fiscal, según el escrito remitido, obedece al deseo del colegio de evitar daños a los profesionales. H